El ahorro energético no tiene aliados públicos
Cuando en abril el Gobierno aumentó el impuesto sobre los hidrocarburos argumentó que la medida serviría para ahorrar energía, una de las prioridades del Ministerio de Industria. Sin embargo, las ayudas de Estado al ahorro energético ascendieron en 2007 a 1,6 millones de euros, un 0,03% del total, según el último informe que ha publicado la Comisión Nacional de la Competencia.
La mayor parte de las ayudas de Estado se las lleva el epígrafe "desarrollo regional", que engloba actuaciones dispares como la creación de empleo o la renovación de activos empresariales. La UE prohíbe las ayudas públicas que puedan afectar la competencia intracomunitaria. Se trata de evitar que los Gobiernos beneficien a las empresas nacionales frente a las extranjeras. Las ayudas ascendieron en 2007 a 5.371 millones, cifra que equivale al 0,5% del PIB. La inmensa mayoría se destina al sector industrial y de servicios. Le sigue la agricultura, la pesca y del transporte. La estadística de Competencia no incluye las ayudas de Estado denominadas minimis, que son aquellas que por su importe reducido no precisan de la aprobación de la UE para aplicarse.
Los datos muestran que el esfuerzo de la Administración en el ahorro energético es residual si se compara con el del año anterior, cuando el Gobierno destino 51,6 millones de euros a este fin. Dicho de otra forma, las ayudas públicas para fomentar el ahorro energético se redujeron en 2007 un 96,8%. "Es significativo que el objetivo de ahorro de energía y protección del medio ambiente no tenga mayor importancia relativa", opina Competencia. España se sitúa en el vagón de cola de la UE en ayudas al ahorro energético, aunque Italia o Francia aún destinan menos dinero. La cara contraria es Alemania, donde ambos objetivos suponen el 41% de las ayudas de Estado.
En formación -otro de los pilares sobre los que el Gobierno pretende sustentar el cambio productivo- las ayudas apenas alcanzan un 1% del total dedicado a industria y servicios. Sin embargo, se encuentran al mismo nivel que la media europea. Hay que tener en cuenta que los últimos datos pertenecen a 2007, cuando aún no había estallado la crisis económica.
En investigación y desarrollo, sector sobre el que el Ejecutivo pretende cimentar la economía del futuro, los esfuerzos ascienden a 156,64 millones de euros, supone el 16% del total, un punto por encima de la media europea.
España tiene especificidades propias. Por ejemplo, las empresas del sector del carbón recibieron 824 millones de la Administración. Supera las ayudas dedicadas a I+D, a pymes, a formación o a empleo. Sólo Rumanía subvenciona más a este sector.
La estadística muestra que el Gobierno no destinó ni un euro al sector de los servicios financieros, circunstancia que, obviamente, cambiará en los informes de 2008 y 2009, ya que el Gobierno está dedicando ingentes cantidades de dinero en proteger uno de los sectores más dañados por la crisis económica.
La distribución territorial muestra que las ayudas de Estado se reparten de forma asimétrica. Excluidas agricultura, pesca y ferrocarriles, las ayudas de Estado suman 4.495 millones de euros, de los que Canarias se lleva la mayor parte, 1.188 millones. Ello se explica porque el régimen fiscal canario -más ventajoso debido a su consideración de zona ultraperiférica- se define como ayuda de Estado. Le sigue, a mucha distancia Andalucía y Galicia, comunidades que se encuentran por debajo de la renta per cápita en España. En porcentaje del PIB, los territorios con menos ayudas de Estado son Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.