Sentencia histórica, oportunidad perdida
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha convalidado la ley de partidos y respaldado las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que en aplicación de esa norma expulsaba del juego democrático a Batasuna. Los jueces europeos -de una probidad y escrupulosidad casi míticas- han hecho consideraciones de gran calibre jurídico e histórico. Han dicho que la ilegalización de Batasuna era "una necesidad social" porque esa organización es "un instrumento de la estrategia terrorista de ETA". De tal forma que el sistema político español -el ejecutivo que impulsó la norma, el legislativo que la aprobó y los tribunales que la aplicaron- ha adquirido con esta sentencia una reputación democrática que echa por tierra las alusiones a la "ínfima calidad" que le atribuían determinados prohombres del PNV.
Sin embargo, todo el proceso, desde su inicio, se ha desaprovechado. Apuntaba hace tiempo -prácticamente desde que se interpuso hace más de cuatro años- que el recurso fracasaría y que el Estado español emergería como plenamente fiable, garantista y democrático. Sin embargo, el litigio se abandonó comunicacional y mediáticamente por el Gobierno y la oposición y, en general, por todas las instancias públicas. De tal manera que la sentencia nos ha cogido por sorpresa, con la guardia bajada y, en consecuencia, sin dotarla de una cobertura adecuada que ha debido ser inmensamente mayor a la que ha tenido. Y si eso ha ocurrido en este proceso, sucede igual en otros porque, a diferencia del mundo anglosajón e incluso el latinoamericano, en el nuestro no se implementan acciones de divulgación, explicación y estrategias de impacto en la opinión pública que doten al pleito de un determinado debate social, técnicamente apropiado y siempre respetuoso con los requerimientos normativos procesales.
Porque hagamos algunas preguntas aleatorias: ¿conocen los ciudadanos cuántos jueces han intervenido en la sentencia?, ¿saben cuál era su ámbito jurisdiccional?, ¿podrían señalar a quién o quiénes ha correspondido la defensa de la ley por parte del Estado?, ¿y quién ha sido el letrado de Batasuna?, ¿se conocen los argumentos de impugnación y de defensa?... En definitiva, ¿se ha aprovechado para hacer comunicación constructiva y formativa en la ciudadanía? Me temo que no. Y si eso ocurre en un gran litigio como el que se ha ventilado en Estrasburgo, lo mismo cabe afirmar de otros en ámbitos diferentes -nacionales e internacionales- en los que se dilucidan grandes intereses de entidades, organismos, empresas o particulares.
En este orden de cosas ha sido ejemplar el juicio y condena de Madoff en Estados Unidos. Todo el proceso penal -muy rápido, por cierto-ha sido cubierto, no sólo por abogados a los que corresponde la dirección letrada de defensa frente a la acusación de la fiscalía, sino también por profesionales de la comunicación que han ido desmenuzando los cargos y acusaciones, explicando los distintos hitos del proceso, la naturaleza de las pruebas que se han practicado y el alcance de la sentencia y de la suerte que podrían correr los ahorros evaporados de las víctimas, hayan sido éstas entidades financieras y/o particulares.
La profesionalización de la comunicación de litigios es, en España, una asignatura pendiente y lo observamos ahora, justamente en una sentencia tan histórica como la del Tribunal de Estrasburgo que ha situado a la democracia española en un ranking de calidad y garantía absolutamente envidiable. Que tal evento pase sin un impacto fortísimo en la opinión pública nacional e internacional, como puede ocurrir, sería -lo está siendo ya- una auténtica lenidad. Hay que acoplar la comunicación a los litigios desde el momento mismo en que éstos repercuten sobre el conjunto de la ciudadanía. En un régimen de opinión pública como es en el que vivimos nada debe quedar al azar cuando de temas de esta envergadura se trata.
El derecho a saber y a debatir -comunicar, en consecuencia- debe llegar de pleno a los litigios. No puede ser éste un ámbito reservado al esoterismo jurídico en el que muchas instancias quieren encerrar la aplicación de la ley por los jueces y tribunales.
José Antonio Zarzalejos. Director general de Llorente & Cuenca en España