El coste de ser interventor del Estado
Muchos ciudadanos sabemos que existen personas muy sabias que controlan el gasto público, personas gracias a las cuales el dinero de todos los españoles está a buen recaudo. Quizá, lo que una gran mayoría desconoce es que esta función la realiza principalmente el interventor y auditor del Estado, que está integrado un cuerpo de la Administración general del Estado al que se accede por oposición. Entre las responsabilidades asignadas a este cuerpo está la de elaborar y ejecutar los Presupuestos Generales del Estado y la de calcular el déficit público, cuestiones que adquieren hoy en día una especial relevancia por la situación económica que atraviesa España.
Para ser interventor y auditor del Estado se requiere, según las bases de su convocatoria, ser español y estar en posesión del título de licenciado; además, hay que preparar un programa cuyo dominio exige, en el mejor de los casos, un periodo de tiempo no inferior a dos años. A esto hay que añadir un proceso de exámenes que dura en torno a nueve meses y un curso formativo que dura aproximadamente otros tantos. Por lo tanto, y suponiendo que todo haya transcurrido muy bien, un interventor puede incorporarse a su destino a los 4 años de terminar la carrera.
Al opositor lo conoce quien está cerca de él y en el CEF sabemos de sus preocupaciones, de sus aspiraciones, de sus ilusiones. Por ello, podemos afirmar con seguridad que probablemente sea uno de los colectivos de este país que menos derechos tiene y, paradójicamente, que menos reivindicaciones expresa. La incertidumbre sobre su futuro laboral hace que concentre su esfuerzo y sus preocupaciones en estudiar. Y cuando deja de opositar, bien porque ha aprobado, bien porque al no conseguirlo se dedica a otra actividad distinta, el sufrimiento padecido durante los años de preparación lo percibe como algo lejano, una página pasada que no vale la pena remover. En suma, el opositor nunca se queja.
El opositor debe ser consciente de que existen múltiples circunstancias que pueden alterar los parámetros que se fijó al plantearse la oposición (reducción de plazas por el Gobierno para recortar el gasto público, retraso en las convocatorias, retraso en el desarrollo de los ejercicios, plazas que quedan desiertas porque el tribunal considera que no tienen nivel suficiente, etcétera). Pero de entre todos los avatares a los que se puede enfrentar el opositor, el que sin duda más angustia le crea es un cambio de programa, sobre todo si éste se produce cerca de las fechas de los exámenes, ya que siempre le va a parecer que no dispondrá de tiempo suficiente para adaptar su preparación a los cambios que le exige la Administración.
Consideramos, por tanto, muy desafortunada la nueva orientación que se le quiere dar al programa de interventores auditores del Estado, que acaba de publicar el Ministerio de Economía y Hacienda el pasado día 20 de mayo en su página web, y que, de confirmarse mediante su publicación en el BOE, regirá la convocatoria del presente año 2009, cuyos exámenes comenzarán a celebrarse probablemente en el mes de octubre. Las modificaciones que introducen son de la suficiente importancia como para que el coste en términos de tiempo, esfuerzo y ánimo necesario para afrontar estos exámenes con garantías sea muy elevado para los aspirantes.
Es indudable, y en muchas ocasiones el CEF hace propuestas en este sentido, que existen numerosos factores que pueden y deben aconsejar la introducción de modificaciones en los programas de acceso a los distintos cuerpos de la Administración. Abogamos, por lo tanto, para que en este tipo de oposiciones se comuniquen con suficiente antelación, al igual que ya se hace en algunos casos, en los que se publican casi un año antes los programas que han de regir las siguientes convocatorias.
Ángela de las Heras. Jefe de Estudios del Área de Oposiciones del CEF