Financiación autonómica sin demora
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, reiteró ayer que para el 15 de julio quedará cerrado el acuerdo del nuevo modelo de financiación autonómica. Es una promesa varias veces incumplida. Ya se frustró en la anterior legislatura, cuando las elecciones generales celebradas el pasado año lo frenaron. Fue un primer retraso, seguido por el fracaso en la aspiración de haber logrado el pacto de financiación antes del 9 de agosto del año pasado, tal como establecía el estatuto catalán.
Pero todo parece apuntar a que esta ocasión es definitiva. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en el debate del Estado de la Nación a cumplir con esta nueva fecha y las negociaciones apuntan a que podría cerrarse en plazo. Es de desear que así sea, por el bien de las cuentas públicas y, en especial, por la salud financiera de las administraciones.
En las cuentas del cierre del ejercicio de 2007, que presentó ayer Ocaña, se ha vuelto a poner de manifiesto que algunas regiones empiezan a verse perjudicadas por el actual sistema, que no acaba de compensar correctamente la presión demográfica que han padecido en los últimos años. Aunque el ranking de las más perjudicadas varía según la fuente, lo cierto es que nadie duda que Baleares, Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña o Canarias reciben menos dinero por habitante que Cantabria o La Rioja, las más beneficiadas en estos momentos.
Tales desajustes deben ser resueltos con prontitud. Los consejeros de Economía de los Gobiernos regionales están haciendo ya cálculos para los presupuestos de 2010, al igual que el departamento que dirige Elena Salgado. Es indispensable que el próximo año esté en funcionamiento el nuevo modelo. Y, por tanto, es necesario que se cuente pronto con una referencia clara del dinero que dispondrán las administraciones para los próximos presupuestos. Algo delicado teniendo en cuenta que se prevé un ejercicio difícil, con caídas de los ingresos fiscales y subida de los gastos sociales.
Sin embargo, el futuro sistema no puede concebirse bajo la presión de la crisis, por insoportable que se adivine. El modelo autonómico debe aspirar a la permanencia y servir por igual en años de bonanza o escasez. La mayor parte de las competencias están ya transferidas por lo que no se tendrían que producir variaciones por el lado de los gastos. Respecto a los ingresos, está muy avanzada la futura cesta de impuestos -cedidos o compartidos- que nutrirán sus arcas. Deben ser suficientes para ofrecer unos servicios de calidad a sus ciudadanos, por lo que no deben aspirar a que el Gobierno central les compense ilimitadamente cuando los tributos renqueen. En este sentido, las comunidades autónomas deberán disponer de mecanismos para afrontar sus necesidades financieras. Pero también, la responsabilidad de gastar con mesura y eficiencia.
