El exceso de celo fiscal de Bruselas
La Hacienda española viene manteniendo diversos contenciosos con la Comisión Europea en materia de fiscalidad de no residentes. Estas disputas suponen una importante fuente de ocupación para los funcionarios de ambas Administraciones. Ahora Bruselas ha denunciado a Hacienda ante el Tribunal de Justicia de la UE por su trato tributario a los contribuyentes que dejan de residir en España. En opinión de la Comisión, es desfavorable y va contra el principio de libre circulación de los trabajadores en el espacio comunitario.
Para Hacienda, porque así lo estipula la legislación española, el contribuyente que transfiera su residencia a otro país de la Unión debe informar al fisco de los ingresos pendientes de imposición correspondientes al último ejercicio como residente. El objetivo de la Agencia Tributaria es gravar de inmediato esos ingresos, sin esperar a una declaración ordinaria del año siguiente que se hace muy difícil de controlar cuando el ciudadano deja el país. Y este es un argumento no exento de la lógica y el sentido práctico del muy castellano principio del pájaro en mano.
La Comisión, sin embargo, considera ese gravamen inmediato una penalización improcedente para quienes decidan dejar España, y discriminatorio con respecto a los que se quedan. Es decir, en su opinión, la legislación española tiene un elemento fiscal disuasorio contra el derecho de libre circulación en el territorio de la UE.
Con buen sentido, las autoridades tributarias españolas argumentan que, una vez que el contribuyente deja de residir en España, desaparece su conexión con la Agencia Tributaria. Hasta el punto de que el fisco español no tiene por qué saber ni a qué otro Estado miembro se va. Una situación que, al dictado de la experiencia, disminuye enormemente la probabilidad de que liquide su deuda fiscal si no hay mecanismos de garantía.
Si en contenciosos recientes, como el de la discriminación de los no residentes o el de la retención a los fondos de pensiones extranjeros, la razón asistía a Bruselas, y así se entendió desde estas páginas, en esta ocasión no está tan claro. La Comisión Europea está en la obligación de buscar un equilibrio entre su objetivo de igualdad de trato fiscal y el de las Haciendas públicas que velan por combatir la evasión de impuestos. En este caso, Bruselas sobrevalora el primero en detrimento del segundo. Si la norma española concede el mismo tratamiento a todos los residentes fiscales que dejan el país, con independencia de su nacionalidad, no se entiende ese celo por enmendar la plana a España. Y no parece que la liquidación inmediata de los impuestos de un ejercicio anterior al traslado de residencia suponga un obstáculo insalvable para la libre circulación de los trabajadores.
Bruselas acierta al atajar las muchas discriminaciones por nacionalidad o residencia que los contribuyentes europeos soportan. Pero acertará más y mejor si entiende que esto es consecuencia, en gran parte, de la ausencia de una armonización fiscal que aún no ha sido capaz de conseguir.