Un debate hipotecario que conviene abrir
Una propuesta lanzada por Izquierda Unida le ha servido a Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para proponer cambios radicales en el actual sistema hipotecario español. Recogiendo la idea lanzada por la coalición de izquierdas, la dirigente popular pretende que los propietarios que no puedan afrontar las cuotas de sus hipotecas respondan al pago de su deuda exclusivamente con el piso y en ningún caso con alguna otra propiedad, tal y como sucede en la actualidad.
Lo habitual hasta ahora era que los inmuebles se iban revalorizando con regularidad y el dinero obtenido con su venta bastaba para devolver el crédito del moroso. Sin embargo, la fuerte caída de los precios de los últimos meses ha dado al traste con este principio y se están produciendo casos, especialmente sobre las viviendas adquiridas los últimos años, en que lo que se obtiene por vender el piso es menos que el préstamo hipotecario. Y eso, en el hipotético caso de que se encuentre comprador para la vivienda. Así que, además del piso, las entidades exigen a sus clientes más propiedades para evitar incurrir en pérdidas.
No se trata de un problema anecdótico. Según los cálculos efectuados por CincoDías, sólo en este año podría haber 100.000 inmuebles cuyo precio estaría ya por debajo de la hipoteca que permitió su adquisición. Y si sus propietarios no pueden afrontar las letras, pueden perder más que la vivienda. La situación, de producirse, será ciertamente dramática para muchas familias. Se entiende, pues, que, para evitar que se produzcan quebrantos, Izquierda Unida y Esperanza Aguirre hayan planteado la necesidad de encontrar alternativas. De aquí su propuesta de limitar el efecto al piso que avala el crédito.
La propuesta ha sido aprobada como proposición no de ley por la Asamblea de Madrid y ahora tendría que elevarse al Congreso de los Diputados, pues se trata de una norma estatal. Sin embargo, parece que no tiene trazas de prosperar, pues el Partido Popular, a pesar del refrendo de Aguirre, no respalda la propuesta y el PSOE ya la ha descartado.
Pero lo cierto es que los impagos van a crecer y previsiblemente muchas familias se verán afectadas por este marco legal. Por eso no hay que descartar el debate para mejorar aspectos de la normativa actual. En ese sentido, sean bienvenidas iniciativas como la citada, incluida su paradójica maternidad política.
De momento, las entidades financieras ya han mostrado, a través de la Asociación Hipotecaria, su desacuerdo. Se entiende su posición. Si la depreciación del valor del piso es muy alta, perderán parte sustancial del dinero prestado. La reacción lógica es que la banca endurezca las condiciones de concesión del crédito. Daría menos del 80% del valor tasado, cobraría tipos más altos para compensar el riesgo o impondría garantías adicionales como avalistas o seguros de impago. En definitiva, la medida supondría que todos los futuros propietarios tendrán que afrontar un sobrecoste indeseable. Ahora bien, si los créditos se endurecen, es previsible que compren menos casas y los precios de la vivienda bajen más. De ser así, serviría como un catalizador para evitar nuevos booms inmobiliarios. Al menos, ésta es la tesis de Izquierda Unida para defender su propuesta. No obstante, en estos momentos lo que se precisa es justamente lo contrario: reactivar el mercado. Además, las principales afectadas serían las economías familiares más débiles, que tienen más dificultades para adquirir una vivienda.
Sin embargo, el problema sigue siendo real y, en los próximos meses, muchas familias pueden pasar dificultades económicas añadidas. Por ello se precisan soluciones urgentes. La eficacia de un cambio radical como el presentado, sin ser excluido del debate, se puede contrastar con otros mecanismos para aliviar a los propietarios con dificultades para pagar su hipoteca.
Y ya están contemplados. Valga como ejemplo el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, que permite que banco y cliente acuerden limitar la responsabilidad en caso de impago del inmueble. Algo que no se suele pactar. O facilitar que las familias acudan al concurso de acreedores, una posibilidad poco explotada por ahora. Pero, sobre todo, son deseables los acuerdos entre entidades y clientes para que no se deba ejecutar la hipoteca. æpermil;sta sería una solución más eficaz que una revolución hipotecaria.