El PP rechaza el decreto del déficit de tarifa, pero se abstiene en la votación
Tantas fueron las críticas vertidas ayer por el PP en el Congreso contra el decreto que permitirá al Estado avalar el déficit de tarifa de las eléctricas, que muchos de sus diputados pensaron que votarían en contra. Al final, la dirección del Grupo Popular impuso la abstención, frente a la decisión del PSOE, CiU y PNV de respaldarlo.
El portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal, mantuvo que con este real decreto "ni se aumenta la competencia ni se mejoran las normas de asignación de los precios en el sector eléctrico, ni se mejoran las inversiones". "Nosotros no vamos a aceptar que todo el ajuste del problema del déficit tarifario se haga única y exclusivamente sobre el bolsillo del consumidor y, en especial, del consumidor industrial pequeño y mediano, que es el que ahora mismo está siendo arrasado por la crisis", dijo desde la tribuna de oradores.
Nadal recordó que durante los gobiernos del PP, "apenas hubo déficit tarifario", pues "sólo 1.500 de los 14.000 millones que ahora suma este déficit procede de esa etapa". Además, señaló que se redujeron las tarifas eléctricas un 19,4% durante todo ese periodo, mientras que desde 2004 a 2009, la subida acumulada fue de un 26,5%. "Se puede hacer más competitiva la economía, se puede hacer mejor política energética y ustedes han optado por lo contrario", acusó. La sorpresa para no pocos diputados del PP llegó en el momento de la votación, cuando se descubrió que, finalmente, se apostaba por la abstención. ¿Qué peso tuvieron las eléctricas en esta decisión? Fuentes de este partido argumentaron que el real decreto beneficia a unas compañías y perjudica a otras, en concreto las fotovoltaicas y las eólicas, y que por tanto, era coherente la abstención.
El PSOE, CiU y el PNV votaron a favor de la convalidación del real decreto e impidieron, además, que se tramitara como proyecto de ley, como pidió infructuosamente Izquierda Unida-Iniciativa.
Izquierda Unida-IC fracasa en su intento de tramitar el decreto como proyecto de ley
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, argumentó que los objetivos del real decreto son la necesidad de poner fin al déficit tarifario, garantizar las inversiones en el sector energético, mejorar la seguridad de suministro y de la gestión de los residuos nucleares, buscar un menor coste para los consumidores y dotar de un marco regulatorio más estable a las energías renovables.
El déficit tarifario de 14.000 millones de euros ha conducido al sector eléctrico a "una difícil situación", abundó el ministro, que "impide la competencia en el mercado eléctrico y dificulta las inversiones necesarias para asegurar el suministro".
El real decreto convalidado ayer garantiza la financiación de la deuda acumulada mediante la cesión de los derechos de cobro a un fondo de titulización de nueva creación. El gestor será designado por una comisión interministerial siguiendo los principios de objetividad, transparencia, publicidad y mínimo coste, avanzó ayer Miguel Sebastián.
Pese al voto favorable de CiU a la convalidación del real decreto, su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, se hizo eco del malestar que la norma ha provocado en los empresarios dedicados a la energía eólica y la fotovoltaica, cuyos intereses estarán más controlados. El diputado nacionalista pidió a Industria participar en la implementación del real decreto para garantizar la apuesta por las energías renovables. ¿El objetivo del recorte del déficit de la tarifa no estará llevando al Gobierno a poner en peligro el desarrollo de las energías renovables?, se preguntó Sánchez Llibre.
Frente común del Grupo Mixto contra el decreto
Ningún partido integrado en el Grupo Mixto respaldó ayer la convalidación del real decreto sobre el déficit de tarifa. El más contundente en su rechazo fue el diputado Joan Herrera, que habló en nombre de Izquierda Unida-IC y Esquerra Republicana. Herrera diagnosticó tres problemas en esta norma: "Hay cesión ante las grandes eléctricas, es invasivo desde el punto de vista competencial y es limitativa en lo que se refiere a las energías renovables".Herrera acusó al ministro de Industria, Miguel Sebastián, de haber resuelto el problema financiero de las eléctricas "a cambio de un bono social que no sabemos cuánto costará". Algunas comunidades como Cataluña, argumentó el diputado, no podrán ejercer sus competencias en materia de producción energética.