La batalla política impulsa las ayudas al motor

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendía a las comunidades autónomas cuando el pasado martes anunció en el debate del estado de la nación un nuevo plan de ayudas directas a la compra de coches pactado con los fabricantes.

Desde entonces, el Plan 2000E ha recibido críticas y alabanzas, pero ha tenido una virtud incuestionable: ha propiciado un auténtico alud de adhesiones e iniciativas similares, aun entre aquellas regiones de distinto color político al del Gobierno, que se han apresurado a ofrecer sus planes para rivalizar con La Moncloa. Los daños derivados de las batallas políticas no siempre son fáciles de comprobar, pero, en este caso, sí que hay un beneficiado claro: las empresas, que verán un repunte en sus ventas. Y es que a diferencia de lo que sucedió con el Plan Vive, cuyos fondos se agotarán previsiblemente a mediados de junio, el 2000E ha gozado de una impagable publicidad gratuita, tanto por el anuncio inicial, como por las reacciones en todos los puntos de España o por la cadena de iniciativas autonómicas.

Esta batalla política se escenificó ayer de nuevo. El presidente del Gobierno pidió a las autonomías que no se han adherido al plan que "recapaciten", pues este programa "es una propuesta razonable y de país". Zapatero declaró que "nadie ha podido discutir la propuesta porque buena parte de los ingresos por la venta de automóviles van a las comunidades autónomas a través del impuesto de matriculación" y aseguró haber constatado que algunas están poniendo problemas. "Espero que no sea por el color político", añadió.

Más explícito en este sentido fueron José Blanco y Miguel Sebastián. El ministro de Fomento manifestó que las que decidan no adherirse tendrán que explicar esta decisión a sus ciudadanos. El de Industria dio un paso más y acusó al PP de llevar su estrategia de oposición hasta el extremo de oponerse a sus propias propuestas. "Me resulta muy difícil -aseguró en respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control en el Senado- seguir su discurso, pues piden las ayudas directas al automóvil y cuando se conceden las critican".

Con todo, al margen de esta batalla política, en los últimos días han reconsiderado sus posturas varias regiones. La última ha sido Canarias, cuyo Gobierno (de Coalición Canaria, con apoyo del PP) anunció ayer que va a aplicar una bonificación de ayuda a la compra de automóviles pero mediante una reducción en la cuota del Impuesto General Indirecto (IGIC, que sustituye al IVA en el archipiélago) por 500 euros.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, anunció por su parte que el Ejecutivo se sumará al 2000E con una aportación de 500 euros por cada operación y con un límite de cinco millones de euros en total. Murcia, gobernada por el PP, rechazó la posibilidad la semana pasada, aunque el lunes se vio obligada a reconsiderar su postura y estudiar su participación. Sin abandonar, eso sí, el tono crítico.

Igual que la Generalitat catalana, gobernada por el PSC con el apoyo de ERC e IC. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, aseguró ayer que el Govern acabará "en los próximos días" el informe que está elaborando sobre si es viable o no que la comunidad aporte los 500 euros que le tocan. Las quejas de la Generalitat provienen de la ausencia de presupuesto, y se enmarcan en el contexto de la batalla política por la financiación.

Otra de las comunidades críticas, Galicia, ha tardado apenas cinco días en recular. El nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, del PP, explicó ayer que estima en unos 98 millones las ventas que pueden generar las subvenciones. El consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, dijo ayer eso sí que les "hubiera gustado una decisión de consenso".

Pero la batalla política disgusta a las empresas, tal y como aseguraron ayer fuentes empresariales. La patronal española de fabricantes, Anfac, considera además que las adhesiones son demasiado lentas. La organización envió ayer una carta a las comunidades, a la que tuvo acceso CincoDías, para rogarles "encarecidamente" que la aplicación sea homogénea, que no se modifiquen las condiciones trazadas por el Gobierno y que las regiones que se adhieran lo hagan con efecto retroactivo al 18 de mayo.

Anfac pidió también que la tramitación de las ayudas del sector público deberían canalizarse a través de los concesionarios mediante una misma aplicación informática y que sería "muy deseable" que los fondos se centralizaran en Fitsa, la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil. Anfac recordó en su carta que "ha dado la bienvenida a la iniciativa del Gobierno del Plan 2000E de incentivo a la demanda y desea que sea un éxito que permita el incremento de las ventas en un mercado muy deprimido".

Las empresas automovilísticas, todo sea dicho, ya estaban concediendo ayudas superiores a los 1.000 euros exigidos ante el desplome del 43,73% que registran las matriculaciones en el cuatrimestre. Las marcas han recrudecido su guerra de ofertas ofreciendo descuentos que llegan hasta los 6.000 en algunos casos.

El revuelo político y esta demora tienen otros efectos negativo. Es cierto que el tráfico de clientes en los concesionarios ha repuntado tímidamente en los primeros dos días de la semana, según apuntan fuentes de la patronal de los concesionarios, Faconauto -en la Comunidad Valenciana la afluencia de posibles clientes es mucho mayor, dada la cuantía de las ayudas ofrecidas-. No obstante, la organización estima que el tráfico podría haber sido mayor, y que el repunte de las ventas se demorará unas semanas hasta que no queden claros tanto el reglamento como la cuantía final en cada región. El presidente de la asociación de vendedores (Ganvam), Juan Antonio Sánchez Torres, aseguró ayer que "históricamente, nunca ha habido un momento tan espectacular para comprar un coche en las mejores condiciones" y aseguró que estas ayudas "parecen estar reanimando" la actividad de los concesionarios".