CC OO y UGT condicionan el diálogo social a que se amplíen las prestaciones
"No estamos totalmente satisfechos con el diálogo social", manifestaron ayer los principales representantes sindicales. No aclararon con qué parte lo están, teniendo en cuenta que mientras España alcanza cifras históricas de desempleados, la principal herramienta de acuerdo laboral lleva meses paralizada. En cualquier caso, tanto UGT como CC OO esperan sentarse con el Gobierno y la patronal en los próximos días para discutir las nuevas medidas anticrisis anunciadas por Zapatero. Lo harán con una condición, que se amplíen las prestaciones sociales de los desempleados.
"Es sorprendente que no se hayan esbozado propuestas para dar cobertura a los más necesitados", dijo el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, que calcula que hay un millón de personas en riesgo de exclusión social. Su consecución estará ligada al éxito de la negociación del Ejecutivo con las comunidades autónomas, que se harían cargo de la nueva prestación. Hasta entonces, el avance del diálogo social dependerá del hasta ahora inexistente consenso entre los agentes sociales.
Con todo, los sindicatos confían en que tras la negativa de Zapatero en el debate sobre el estado de la nación quede zanjada la aspiración empresarial de reformar el mercado laboral para abaratar el despido. La discusión, sin embargo, queda lejos de haber terminado. La patronal sigue insistiendo en lograr este objetivo, y los grupos conservadores podrían abrir dicha puerta aprovechando la debilidad parlamentaria de los socialistas.
En aras de impulsar el diálogo social, pero en el ámbito europeo, los sindicatos de toda la UE están llamados a manifestarse esta semana. A la cita española, que tiene lugar hoy en la madrileña plaza de Colón, se espera que asistan unos 50.000 sindicalistas. Una huelga general está descartada -a no ser que se recorten derechos sociales- para UGT y CC OO, que niegan tener un "pacto de no agresión" con el Gobierno.
Gasto público en pensiones
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, propuso que se aumente la inversión pública en el sistema de pensiones -"una de las más bajas de la UE"- a fin de garantizar su sostenibilidad futura. En su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo, Méndez descartó retrasar la edad de jubilación. Defendió el incremento de las bases máximas de cotización y la separación total de los gastos que se financian con impuestos y con cotizaciones, lo que ahorraría 13.200 millones de euros anuales a la Seguridad Social, según sus cálculos.