Todo pacto exige compartir renuncias
Es de esperar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrezca hoy negociar pactos a la oposición durante el debate del estado de la nación. Numerosas fuerzas políticas y sociales lo vienen demandando hace meses, aunque el Ejecutivo ha demorado injustificadamente este paso y se han perdido unos meses preciosos. Una vez más, sin embargo, será mejor tarde que nunca.
La oposición ya ha marcado su terreno de juego. El PP ha solicitado reiteradamente un cambio en la política económica y presentará en el debate su propio plan alternativo. Por tanto, se encamina a dejar poco margen a la negociación. Un mal principio que ojalá modifique en las próximas horas. En el resto de grupos políticos hay mayor propensión al diálogo, siempre que el Ejecutivo no se presente con propuestas cerradas. Ciertamente, al Gobierno le corresponde legislar, pero si el objetivo es el pacto debe mostrar inequívoca voluntad de aceptar otras tesis que las suyas. Sería un error, y algo incomprensible, que su oferta de reformas sea unívoca y sólo busque efecto propagandístico.
Hasta ahora los planes del Ejecutivo no han demostrado una extraordinaria eficacia en el combate contra la profunda crisis económica. Los más de cuatro millones de parados son una muestra palmaria de que es preciso abordar otro tipo de actuaciones. Por tanto, el Gobierno debe abrirse a nuevas propuestas sin prejuicios. Si la voluntad de unos y otros es positiva, como es su obligación, se abre la puerta a acuerdos de calado que permitan frenar el desempleo y, sobre todo, sentar las bases para el deseable cambio del modelo productivo.
Frente al actual panorama, el debate del estado de la nación que hoy se inicia será un fracaso si no produce una hoja de ruta para abordar, por un lado, medidas coyunturales que apoyen a determinados sectores muy afectados por la recesión y, por otro, las tan reiteradas reformas estructurales. Respecto a éstas, son muchas las deficiencias que lastran la competitividad de la economía española frente a sus rivales más directos. En estos meses se han planteado algunas de las más perentorias. Al menos, el Gobierno debería abrir cuatro grandes negociaciones: sistema educativo, modelo industrial, normativa laboral y reforma de servicios o mercados más caros e ineficientes que en otros países del entorno.
La competencia es compartida con las comunidades autónomas en mayor parte de estas materias. Cualquier modificación legislativa exige, por tanto, el acuerdo de los grandes partidos con funciones de gobierno. Además, la crisis ha puesto de manifiesto que, tras quince años de bonanza económica, y haya sido con Ejecutivos del PP o del PSOE, poco o nada se ha avanzado en la corrección de las trabas que impiden el desarrollo de un sector empresarial sólido y competitivo. Por ello, se antoja por lo menos paradójico que el presidente del Gobierno de estos últimos cinco años reclame ahora "menos ladrillo y más ordenadores".
En el debate sobre el estado de la nación habrá disparidades, pero el estado de las cosas exige coincidencia en el diagnóstico de la gravedad económica. Y ello sin deslumbramientos porque algunos organismos empiecen a vislumbrar síntomas de mejoría en la economía internacional. Los ciudadanos no entenderían que PP y PSOE sean incapaces de pactar reformas que mejoren la economía española y asienten el nuevo y más eficaz modelo productivo. Una de las quejas frecuentes en el mundo de la empresa en España es la inseguridad jurídica derivada de los constantes cambios normativos. Sólo un cambio consensuado asegurará que el nuevo modelo tenga continuidad y sirva para el futuro.
Para afrontar la lacra del desempleo, ese acuerdo puede incluir las medidas coyunturales que planea el Gobierno. Por ejemplo, la ampliación de la ayuda a los parados cuando agoten las actuales subvenciones. La medida es comprensible en una recesión sin parangón en 80 años, pero debe modularse para que no desemboque en la temida e indeseable desincentivación en la búsqueda de empleo. En este sentido, el Gobierno ha de estar atento y escuchar las reticencias del PP. Las reformas que posibiliten la creación de empleo son imprescindibles, y para ello, tras reactivar el crédito, las empresas tienen que recibir un importante impulso fiscal y normativo. Porque son las empresas las que crean empleo, e incentivar la inversión siempre será mucho más rentable que la mera subvención.
