Débase lo que se haga
En las últimas semanas ha surgido un clamor del empresariado en contra de la dilación de pagos de las Administraciones públicas. Ahora bien, las demoras en los pagos a contratistas y proveedores no son algo nuevo en el sector público. Un antiguo refrán sobre el comportamiento de pagos de los gestores municipales dice: "Hágase lo que se deba y débase lo que se haga". Otro dicho anónimo reza: "Si quieres cobrar de la Administración, hay que tener infinita paciencia y tesón". El antecedente más antiguo de morosidad pública que conozco se remonta a principios del siglo XVII, y es gracias a una tribuna de Arturo Pérez-Reverte. En esta columna el reputado escritor narra las peripecias de don Martín de Arana, un contratista de la Corona española, que acabó en la quiebra porque los funcionarios de Felipe IV le demoraron tanto el pago de unos galeones que acabó muriendo arruinado y desesperado en pleno litigio de reclamación de sus ducados adeudados por la Hacienda real.
Según un estudio realizado bajo los auspicios de la CE, las Administraciones públicas en España, con plazos medios de 150 días, figuran entre los peores pagadores de Europa, donde la media es de 67 días. La morosidad constante de la Administración origina toda una cadena de incumplimientos. Aunque los abusos de las Administraciones, retrasando de forma estratégica sus pagos, no puede justificar de ninguna manera que los contratistas del sector público puedan trasladar esta falta de puntualidad a la hora de pagar a toda la cadena de subcontratistas y proveedores, el fenómeno efecto dominó es un hecho que está provocando estragos en la economía.
Gran parte del problema está en los ayuntamientos, puesto que muchos consistorios han estado actuando con impunidad, o sea pagaban con mucho retraso a sus proveedores y no pasaba nada. Al propio tiempo algunos municipios, a la hora de elaborar sus presupuestos, calculaban ingresos que luego no se cumplían y gastos que luego sobrepasaban. Por consiguiente, las deudas de las Administraciones locales acaban generando déficit, el cual a su vez se financia con otro tipo de deuda, creando un círculo vicioso del que difícilmente pueden salir si no es con la ayuda del Gobierno central.
Afortunadamente el Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que permite aliviar temporalmente los problemas de liquidez de las entidades locales con el fin de que pymes y autónomos puedan cobrar las facturas pendientes. Una de las medidas es facilitar una línea de avales del ICO por 3.000 millones de euros. Cada empresario que tenga una factura pendiente de pago por parte de un ayuntamiento podrá solicitar a la entidad bancaria que le anticipe el cobro, con el aval del ICO, por un máximo de 300.000 euros por beneficiario. La otra es permitir a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento por importe de 11.000 millones de euros, para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008.
No obstante, estas medidas son sólo paliativas, ya que no solucionan el problema estructural. La legislación actual de contratos del sector público, y concretamente el artículo 200 de la Ley 30/2007, dicta que las Administraciones deben pagar a los 60 días y, si se demoran, deberán abonar al contratista los intereses de demora, que hoy por hoy están en el 9,50%, y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad.
En la práctica es muy poco frecuente que una empresa reclame los intereses a las Administraciones morosas. Si realmente todos los proveedores del sector público exigieran los intereses de demora, las finanzas del Estado se colapsarían.
La CE presentó recientemente una propuesta de directiva para obligar a las Administraciones públicas de la UE a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días y en caso contrario sufrirán severas penalizaciones. El Estado español está obligado a buscar una fórmula para que la Administración pueda cumplir con la futura normativa europea, ya que la UE no está dispuesta a seguir tolerando los retrasos en los pagos a proveedores del sector público.
Pere J. Brachfield. Director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School