El Gobierno aprueba el decreto para solventar la deuda de los ayuntamientos con las pymes
El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto-ley que contempla dos nuevas medidas que aportarán hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, con el fin de aliviar los problemas de liquidez de este colectivo.
Por un parte, el real decreto ley permitirá a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, y por otra instrumentará, a través del ICO, una nueva línea de 3.000 millones de euros para avalar a las empresas y autónomos con deuda pendiente. Ambas medidas supondrán una financiación de unos 14.000 millones.
Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia y, desde la concertación de la operación, las entidades locales dispondrán de un mes para cancelar sus deudas pendientes con proveedores.
El plazo para concertar la operación de endeudamiento es de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, lo que permite establecer un periodo máximo de cuatro meses para la ejecución de esta medida.
Los ayuntamientos tendrán además que aprobar un plan de saneamiento por idéntico periodo al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
La operación de endeudamiento podrá ascender a unos 11.000 millones de euros, a partir del cálculo de las entidades locales, que ya han remitido la liquidación del 2008 y de una proyección del posible remanente negativo de tesorería del conjunto de las entidades locales.
Esta nueva medida, permitirá solucionar el problema de las deudas impagadas por las entidades locales, al tiempo que reconoce el impacto negativo que ha supuesto para los ayuntamientos la evolución de la crisis y obliga a los consistorios a planificar su reequilibrio financiero.
Por otro lado, el Gobierno articulará a través del ICO la inmediata puesta en marcha de una nueva línea de crédito para avalar por un importe máximo de 3.000 millones a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos.
De esta forma, el Ejecutivo avala las operaciones de descuento a empresas y autónomos con facturas pendientes de cobro. Además, el real decreto establecerá como garantía final y ante posibles impagos por parte de las entidades locales su participación en los ingresos del Estado, en la que se podrán retener las cantidades correspondientes a la deuda de los ayuntamientos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones de pago.
300.000 euros por acreedor
La nueva línea del ICO establece algunas líneas favorables para empresas y autónomos, como el tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual y al actual. Además, contempla un límite de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales y con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los autónomos tengan un acceso real a los créditos.
Finalmente, también se ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para año 2009, con el objetivo de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.
El objetivo de ambas medidas, es subsanar lo antes posible y de forma ágil los problemas de liquidez de las empresas y de los autónomos. De esta forma, el Gobierno considera importantes estas medidas para un relevante número de empresas y autónomos que actualmente tienen dificultades para cobrar un trabajo ya realizado y que también han visto como han aumentado las restricciones a créditos por la crisis económica.
