Pagar a 30 días
Hace ya un par de meses que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés hizo público el compromiso de pagar a sus proveedores en menos de 30 días. Pero ¿es que la Administración pública paga tradicionalmente mal a sus proveedores? ¿Cómo se articula dicha medida desde el punto de vista técnico? ¿Qué impacto económico puede tener en realidad? Respecto a la primera cuestión, está claro que el sector público en general paga tarde a sus proveedores. Pese a que la ley marca como objetivo pagar en menos de 60 días, son escasísimas las organizaciones que pagan en ese periodo. La mayoría lo hace a muchos meses y es práctica habitual que el proveedor cargue el coste financiero en sus presupuestos ya que sabe que cobrará, eso es seguro, pero a muy largo plazo.
El pago a 30 días, tal y como lo planteó Sant Cugat, se realizará de dos formas. Inicialmente, con medios propios, conformando las facturas en menos de 15 días y pagando en cash siempre que la tesorería municipal lo permita. A continuación, mediante un servicio de confirming con entidades bancarias, de manera que el ayuntamiento se compromete a pagar al banco en 60 días todas las facturas conformadas de sus proveedores y ofrece la posibilidad a los mismos de descontar dichas facturas antes de ese periodo de tiempo (a partir del día 16, de ahí lo de menos de 30 días) a precio muy razonable. Sant Cugat ha adjudicado el procedimiento a dos entidades a tipos muy competitivos: euríbor mensual más un diferencial de 0,95 puntos.
El impacto que esta medida puede tener en la actividad económica en momentos de crisis es enorme. Si todas las Administraciones públicas pagaran de esta forma, la inyección de recursos en el sistema sería de tal magnitud que muchas empresas tendrían resueltos sus problemas de liquidez de forma inmediata. ¿Qué pasa con esos pequeños subcontratados de las grandes constructoras que operan con la Administración pública y que ahora no están cobrando los trabajos que han efectuado? Estas empresas, muchas de ellas pymes, lo que necesitan es liquidez y lo que encuentran es el grifo del crédito cerrado en los bancos.
Pagar bien a sus proveedores es un deber ético del sector público en España. No hace falta que los políticos pidan a los bancos que abran el grifo del crédito. Empecemos por hacer los deberes propios desde la Administración pública. Además, esta medida no se va a quedar sin duda en el mundo local. Recientemente algunos medios han publicado que la Comisión Europea, según palabras del comisario de Empresa e Industria, Günter Verheugen, modificará la legislación para acelerar el pago a los proveedores de la Administración obligando al sector público a pagar en 30 días. Esto puede significar inyectar más de 46.000 millones de euros en las economías europeas.
Carlos Vivas Urieta. Profesor de la Universidad Pompeu Fabra y director de Economía y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés