Los municipios necesitan austeridad
Cuando el próximo viernes el Consejo de Ministros apruebe una disposición para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ponga en marcha una línea de avales de hasta 3.000 millones de euros para garantizar a las pequeñas y medianas empresas el cobro de los servicios prestados a los ayuntamientos, dispondrán, como sus malos pagadores, de un pequeño respiro financiero. Pero ni una parte ni la otra tendrá una solución definitiva a un amaneramiento contable (los aplazamientos interminables de los pagos públicos) que se ha extendido más de la cuenta en todas las relaciones económicas de las Administraciones públicas con terceros, y que amenaza con ahogar a centenares de pequeñas sociedades que contratan con ayuntamientos, comunidades autónomas o Gobierno central. Está bien el alivio que supone el oxígeno de los avales del instituto bancario público, pero los nuevos responsables políticos de Hacienda deben ponerse entre sus deberes dar un carpetazo razonable a este desagradable asunto para siempre.
Por el momento, en una decisión también tendente a oxigenar las finanzas municipales, el Gobierno suavizará las exigencias legales para que las corporaciones locales puedan endeudarse con la banca comercial. Actualment la banca comercial. Actualmentgales para que las corporaciones locales puedan endeudarse con la banca comercial. Actualmente, a un ayuntamiento que necesita fondos para afrontar gastos corrientes se le exige que devuelva los créditos antes de tres años y se le imponen numerosos límites en la cuantía de su apalancamiento. Desde el viernes dispondrán de un plazo de hasta seis años, con dos de carencia, para aquellos gestores municipales que a finales de 2008 tuviesen un déficit de tesorería, circunstancia que podría afectar a la práctica totalidad de los ayuntamientos de España.
Pero el problema sigue sin resolverse, entre otras cuestiones porque la lógica comercial del negocio bancario debe exigir primas de riesgo más elevadas a los municipios que ya tienen altos niveles de deuda y pocas posibilidades de recomponer sus finanzas por vía tributaria en los próximos años, salvo que creen nuevas figuras impositivas que en una crisis como la actual irían contra toda lógica política. Los ayuntamientos están asistidos por la verdad cuando exigen que un nuevo sistema de financiación autonómico y local cubra los servicios que hoy prestan sin disponer de recursos finalistas. En alguna ocasión han cifrado el coste de tales servicios sin asignación presupuestaria entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
Si costean comedores escolares o asistencia sanitaria de titularidad autonómica, los municipios deben ser resarcidos por ello. Pero tan urgente como eso es hacer ejercicios individuales de responsabilidad financiera y ajustar sus gastos a unos ingresos que no volverán a ser como, gracias a la explosión inmobiliaria, fueron en el pasado. La austeridad es un principio sagrado de ortodoxia presupuestaria que debe ser respetado siempre, pero más cuando una crisis impone austeridad a sus contribuyentes.