Los municipios podrán financiar su tesorería con préstamos a seis años
El Gobierno estudia un cambio legislativo para permitir a los ayuntamientos financiar su deuda a corto plazo con préstamos a seis años, dos de ellos de carencia. La medida, que podría aprobarse en fechas próximas, beneficiará a los ayuntamientos que a cierre de 2008 presentan un remanente negativo de tesorería, es decir, obligaciones de pago a corto plazo por encima de lo presupuestado.
El anuncio de la creación de una línea de avales del ICO de 3.000 millones de euros para facilitar el pago de facturas atrasadas de los municipios con sus proveedores, no es la única medida que planea el Gobierno para paliar el deteriorado estado de las arcas municipales.
El real decreto que esta estudiando el Gobierno incluye acuerdos para refinanciar "los remanentes negativos de los ayuntamientos". Así, los municipios que presenten deudas a 31 de diciembre de 2008 fuera del presupuesto, podrán abonarlas con préstamos bancarios a seis años. Y -esta es la otra gran novedad- se permitirán dos años de carencia, es decir, el ayuntamiento no deberá amortizar el préstamo durante los primeros 24 meses.
Actualmente, la Ley deHaciendas Locales es muy restrictiva y obliga los municipios a financiar los remanentes negativos cosechados en un año con recortes presupuestarios en el ejercicio siguiente. Ello se traduce en drásticas reducciones del gasto para acotar las desviaciones presupuestarias que, en tiempos de crisis, suelen multiplicarse.
En un modelo ideal, el remanente de tesorería debería tender a cero, ya que se trata de la resta entre las cifras presupuestarias pendientes de cobro y los gastos presupuestarios pendientes de pago. Sin embargo, la situación actual provoca que muchas veces la cifra final sea negativa.
En palabras del alcalde de Segovia y presidente de la Comisión de Hacienda y Financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Arahuetes, la medida que negocian con el Gobierno permitirá "la reconversión de deuda a corto plazo a largo plazo". El objetivo último es dotar de liquidez a los ayuntamientos y facilitar el pago a sus proveedores.
Sin embargo, cada entidad local deberá negociar las condiciones con la banca. Dicho de otra forma, tendrán derecho a solicitar un préstamo a seis años, pero nadie les garantiza que lo obtengan. Fuentes de la FEMP estiman que la medida podría beneficiar a unos 2.000 ayuntamientos.
La posibilidad de refinanciar los remanentes negativos de tesorería no debe confundirse con la nueva línea de avales que el Gobierno anunció el domingo. El Ejecutivo, a través del ICO, estudia establecer una línea de descuento bancario para facilitar al máximo los trámites de cobro de los proveedores municipales. Es decir, los acreedores municipales sólo deberán acudir a cualquier banco con un certificado que acredite que un ayuntamiento les debe dinero para poder cobrar las facturas impagadas.
Según Arahuetes, ambas medidas son complementarias y servirán para aligerar los problemas de los acreedores municipales. Por otra parte, el Gobierno acordó el mes pasado con la FEMP permitir a los ayuntamientos cerrar sus cuentas de 2008 con un déficit del 0,3% del PIB, una décima más de lo aprobado a finales del año anterior. A efectos prácticos, ello significa que cada ayuntamiento podrá presentar un déficit máximo del 4,81% de sus ingresos no financieros sin necesidad de elaborar ningún plan de reequilibrio.
El PP reclama 2.000 millones más del ICO
El Partido Popular (PP) reclamó ayer que la línea de avales prometida por Zapatero ascendiera a 5.000 millones en lugar de los 3.000 millones anunciados. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recordó que esa era la cifra que el PP pidió en el Congreso y reclamó la autoría de la propuesta.CEOE, por su parte, destacó que la nueva línea de avales del ICO "es positiva y responde a las propuestas" que ya lanzó la patronal". Una de las organizaciones de autónomos, ATA, también aplaude la propuesta del Gobierno pero, en la línea del Partido Popular, la tilda de insuficiente. Plantea que la deuda de los ayuntamientos con pequeñas y medianas empresas podría alcanzar los 7.000 millones, una cifra muy superior a los 3.000 millones que calcula el Ejecutivo.