Garantizar la igualdad
Todos los españoles somos iguales. Lo dice la Constitución. Todos tenemos derecho a elegir libremente dónde vivimos. Todos pagamos los mismos impuestos. Y debemos recibir los mismos servicios públicos.
Estos principios deben guiar la actuación de todos los Gobiernos. Y también el reparto de los fondos que aportamos todos a la caja común. La reforma del sistema de financiación es una gran oportunidad para trabajar en este sentido y mejorar la distribución de los recursos públicos, de modo que las autonomías tengan garantizada una financiación suficiente para los importantísimos servicios que prestan a los ciudadanos.
La vaga propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación mantiene una incógnita y una preocupación sobre dos aspectos esenciales. Por una parte, genera dudas sobre si las comunidades autónomas van a disponer de una financiación adecuada, ahora y en el futuro, acorde a sus necesidades de gasto. Por otra, aviva un debate alentado interesadamente por algunos sobre la capacidad fiscal de los territorios.
Respecto al primero de estos aspectos, es evidente que las autonomías son las encargadas de prestar los servicios que constituyen la esencia del Estado de bienestar, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Su coste crece a un ritmo muy superior que el de los servicios que presta el Estado. De ahí que la prioridad del nuevo sistema debe ser corregir la brecha financiera que ha generado esta situación.
A esto se suma que hay diferencias notables en el coste de la prestación de los servicios en cada territorio. Castilla y León insiste en que el nuevo sistema debe reconocer que no cuesta lo mismo la asistencia sanitaria a un ciudadano de 85 años que a un joven de 14. Como tampoco cuesta lo mismo mantener muchos centros educativos en muchos municipios pequeños que unos pocos en una gran ciudad. Es decir, que circunstancias como el envejecimiento relativo de la población, la dispersión geográfica, la baja densidad demográfica o la superficie influyen de manera decisiva en el coste de los servicios. Un hecho que siempre se ha tenido en cuenta a la hora de valorar las transferencias desde el Estado a las autonomías y que se ha respetado en las anteriores reformas. Por eso resulta tan incomprensible la negativa del Ministerio de Hacienda a medir con criterios técnicos el coste de cada servicio, a pesar de las reiteradas peticiones de Castilla y León.
En segundo lugar, el ministerio ha introducido un falso argumento en el debate: que unas comunidades realizan un esfuerzo fiscal superior a otras, lo que justificaría que sus ciudadanos tengan derecho a una mejor financiación. Se trata de un argumento falaz porque los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas en función de su capacidad económica.
En resumen: para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y el principio constitucional de solidaridad, el sistema de financiación debe atribuir a las autonomías recursos suficientes para sufragar todos los servicios públicos. O lo que es lo mismo: cada comunidad autónoma debe contar con recursos suficientes para atender a sus habitantes en las mismas condiciones que en cualquier otra, sin verse penalizada por sus peculiaridades demográficas, geográficas o sociales ni por la renta de sus habitantes.
Y puesto que los territorios y los ciudadanos son distintos, no cabe hablar de una financiación por habitante idéntica en unos y otros. Lo que sí deben ser idénticos son los servicios que reciben todos los españoles.
Castilla y León ha buscado y busca el consenso. Y en ese camino ha encontrado elementos de coincidencia y acuerdo con otras autonomías, sean del color político que sean, lo que demuestra que es posible superar la visión exclusivamente particular (¿qué hay de lo mío?) y descarta que la negociación pueda reducirse a la caricatura de un Gobierno de España intentando contentar a 15 comunidades mediante el reparto de una bolsa de dinero cuya cuantía es secreta.
La conclusión es evidente: la reforma del sistema de financiación debe servir para mejorar las condiciones de vida de todos los españoles, porque es la mejor forma de legitimar el Estado de las autonomías que hemos construido entre todos. Sería un error que, por intereses particulares o cálculos políticos a corto plazo, se impusieran soluciones contrarias a los principios constitucionales que nos unen a todos desde hace más de 25 años.
José Agustín Manzano Mozo. Director general de Financiación Autonómica de la Junta de Castilla y León