COLUMNA

¿Crisis en el sistema financiero?

Ha saltado a la luz la primera víctima del disparate crediticio que nuestras instituciones financieras iniciaron después del ingreso de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM), sin tener en cuenta el riesgo que asumían. Aunque desde 1999 el ahorro de la economía española fue superior en cada año al 20% del PIB, no era suficiente para financiar la total inversión de los agentes económicos. A finales de 2006 el endeudamiento de las familias era ya de 8,8 billones, el 133% de su renta disponible bruta, con un aumento del 171% sobre 1996, lo que ponía en peligro su capacidad de reembolso.

A principios del año 2007 se inició la crisis de la economía real española, la actividad económica empezó a declinar, el crecimiento del empleo dio signos de fatiga y el paro hizo su aparición; a finales del mes de marzo de 2009 sobrepasaba los 3,6 millones de personas, con la consiguiente repercusión en la capacidad de reembolso de la deuda por las familias.

El domingo 29 de marzo el Banco de España acordó la intervención de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha y la concesión de un préstamo de 9.000 millones de euros con aval del Estado previo acuerdo del Consejo de Ministros convocado urgentemente con tal finalidad. Según la información hecha pública, tal ayuda era necesaria para facilitar liquidez a dicha caja.

Dado que la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha es una entidad privada, no le es de aplicación lo establecido en el artículo 10.1 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre prohibición de los bancos centrales de los Estados miembros de autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito a favor de organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros.

Si embargo, sí le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 87.1 del citado tratado, que establece que serán incompatibles en el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. En el momento de escribir este artículo la Comisión Europea sigue estudiando el problema, sin haberse pronunciado.

Dado que el Banco de España prevé nuevas intervenciones en entidades financieras y la aportación de capital público en las mismas, ha propuesto al Gobierno la creación de un fondo de rescate para entidades con problemas, si bien el fondo se centrará en recapitalizaciones individuales, en ningún caso se aplicará de forma generalizada. Nada se ha dicho cómo se financiará dicho fondo.

No creo necesario ni conveniente la creación del citado fondo de rescate. Podría interpretarse que su creación podría dar lugar a una solución generalizada de recapitalización de las entidades financieras con fondos públicos.

La solución tiene que ser individualizada, a cuyo efecto el Banco de España, a la vista de la supervisión que realiza, deberá proponer al Gobierno, en el caso de que considere que la entidad es viable, las ayudas que considere oportunas y la fuente de financiación de cada una de ellas; en el caso de estimar que no es viable, procederá a la liquidación.

Hay que tener en cuenta que para nuestro volumen de población y riqueza existen exceso de entidades financieras, por lo que la desaparición de algunas de ellas no creará ningún problema derivado de la reducción de la competencia. Dado el nivel de déficit público previsto para este año, que casi triplica el máximo fijado, deberá reducirse al mínimo la aportación de fondos presupuestarios.

Ante el episodio de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, se ha planteado el tema de si el modelo societario de tales entidades hace imposible su eficiencia, al no existir propietarios del patrimonio de las cajas.

Si lanzamos una mirada hacia atrás, nos daremos cuenta que las cajas no han tenido nunca propietarios en el sentido capitalista del término, pues fueron fundadas por entidades sin fines de lucro para combatir la usura. Y a pesar de ello representan hoy día el 50% del mercado financiero, y eso sin eficiencia no lo hubieran logrado. El grave problema se encuentra en la politización de las cajas, teniendo a su favor que la mayor parte de sus beneficios se destina a obras sociales.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid