¿Quién pone coto al comercio?
No se pueden poner puertas al campo, pero sí al comercio. A la espera de que el Gobierno dé por fin luz verde a la nueva Ley de Comercio Minorista, el sector dista mucho de llegar a un acuerdo sobre cómo debería ser la nueva legislación. Un desacuerdo en el que las comunidades autónomas tienen uno de los papeles principales. No en vano, son ellas las que tienen la última palabra sobre regulación comercial.
Las disputas entre las autonomías más liberales y las más intervencionistas viene de lejos. Sin embargo, ha sido esta semana cuando la polémica ha vuelto a estar sobre la mesa, después de que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) hiciese público un demoledor informe en el que criticaba el intervencionismo de la actual Ley de Comercio Minorista, en vigor desde 1996. El organismo encabezado por Luis Berenguer reclama al Ejecutivo que aproveche la transposición de la Directiva de Servicios de la UE para eliminar trabas administrativas. Por ejemplo, propone eliminar la conocida como segunda licencia. Bajo esta denominación se esconde la herramienta que han utilizado las comunidades autónomas para permitir o denegar la apertura de grandes superficies que, además, se suma a la autorización que tienen que conceder los ayuntamientos.
La CNC no sólo entiende que el exceso de regulación está poniendo trabas a la libertad de empresa, sino que además pone de relieve una serie de recomendaciones con las que liberalizar el sector. Entre ellas, menciona la necesidad de eliminar la limitación de los periodos de rebajas o la posibilidad de permitir a las entidades bancarias comercializar productos más allá de los estrictamente financieros.
Parte de las tesis defendidas por la CNC distan de las opiniones que, hasta la fecha, ha defendido el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, el proyecto de ley que saldrá del ministerio de Miguel Sebastián sí recogerá algunas de sus recomendaciones. Aunque las negociaciones con las comunidades siguen en marcha, la futura ley es cuestión de días ya que, previsiblemente, el Consejo de Ministros le dará el visto bueno en las próximas semanas. El último borrador de la ley recoge la eliminación de la segunda licencia, pero mantiene la definición de gran superficie para todos aquellos establecimientos con una superficie comercial de más de 2.500 metros cuadrados. Además, reduce buena parte de los trámites administrativos hoy en vigor. Es decir, el proyecto de ley liberalizará el sector. Aunque quizás sólo en apariencia. La ley será sólo un marco común, 'una ley de mínimos', ya que las competencias están transferidas.
La intención del Gobierno es llegar al mayor consenso posible y, según señalan fuentes partícipes en la negociación, el Ejecutivo trata de hacer malabares con todas las opiniones y encauzar así una ley en la que se recojan todas las 'sensibilidades'. Pero todo hace prever que al final serán las Comunidades las que tengan la última palabra y se guarden algún que otro as en la manga. Sobre todo, para limitar la apertura de nuevas grandes superficies. En esa línea, la Generalitat de Cataluña defiende que las Autonomías tengan la última palabra cuando los establecimientos tengan una superficie comercial superior a los 800 m2.
La postura contraria la defiende la Comunidad de Madrid, que en los últimos años ha abanderado la liberalización del comercio. El pasado año dio luz verde a una Ley de Modernización de Comercio en la que, sin eliminar la segunda licencia, suavizaba su tramitación y aligeraba los plazos a sólo cuatro meses, cuando en otras Comunidades suele prorrogarse durante años, si es que no se deniega la autorización de apertura.
Ante la incógnita de cómo será la ley, el sector discrepa. La gran distribución espera que el Gobierno siga el camino trazado por la CNC. La patronal del sector (Anged) recuerda cómo las trabas les han impedido invertir cerca de 3.000 millones de euros y han dejado en la cuneta alrededor de 20.000 puestos de trabajo. En frente se sitúan los pequeños comerciantes. Su patronal, la Confederación Española de Comercio asegura que la tesis mantenida por Competencia presenta un cariz 'fundamentalista'. 'El libre mercado también necesita reglas para garantizar que funcione adecuadamente', aseguraba ayer su secretario general, Miguel Ángel Fraile.
Pero la CNC no está sola en sus críticas a la actual legislación. La Comisión Europea llevó hace un año a España ante el Tribunal de Justicia comunitario para conseguir que eliminase los obstáculos a la libertad de establecimiento, uno de los principios fundamentales de la UE. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a modificar la ley de comercio y eliminar restricciones, especialmente las que marcan las comunidades autónomas.