AENA, revolución en dos tiempos

El proceso de transformación en el que se haya inmersa AENA tiene una proyección que va mucho más allá de su privatización parcial. Los paros y movilizaciones protagonizados durante las últimas semanas por los 12.000 empleados de la sociedad pública propietaria de las terminales aéreas estatales han centrado la atención de inversores privados en la futura entrada en el negocio de los aeródromos. Pero la revolución emprendida desde el Ministerio de Fomento afecta a todos los elementos que conforman el modelo de gestión aeroportuario español.

En una primera fase, culminada en 2007, se consolidó la separación entre las funciones de regulación y las tareas de operación. La potestad reguladora fue asignada a la Dirección General de Aviación Civil y su área de competencia se vio reforzada con la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Las funciones de operación de la red de los 48 aeropuertos públicos españoles, encomendadas desde hace casi dos décadas a AENA, se van a ver desdobladas, a su vez, para atender la creciente complejidad de un negocio, como la aviación comercial, que presenta infinitas caras.

La empresa pública se mantendrá como matriz de un grupo del que dependerá una división de Navegación Aérea con una amplia autonomía, en la que estará integrado, entre otros, el colectivo de 2.300 controladores aéreos.

Además, Fomento se ha embarcado en la creación de una filial de AENA, denominada Empresa de Gestión de Aeropuertos del Estado (Egaesa), que se constituirá antes de final de año. En el borrador de los estatutos de la nueva empresa se señala que su objetivo social será 'la gestión y explotación de los espacios y servicios aeroportuarios titularidad de AENA, así como la financiación y ejecución de nuevas infraestructuras y su conservación, tanto en España como en el extranjero'.

Egaesa está destinada a convertirse en el vehículo para conseguir la privatización parcial del negocio aeroportuario. Pero este objetivo no se plantea a corto plazo. En el calendario que se fija Fomento la venta a intereses privados del 30% del capital de la filial de AENA (constituido por 50 millones de euros) no se hará antes del año 2011.

La publicación del borrador de estatutos de Egaesa ha generado escaso interés en las compañías privadas españolas dedicadas al negocio de la gestión aeroportuaria. Por el contrario, su contenido ha provocado gran revuelo entre las autoridades autonómicas y municipales ávidas de tomar una cuota de poder en los aeródromos que se encuentran ubicados en sus respectivos territorios. Especialmente en Cataluña, pero también en el País Vasco, en Baleares, en Valencia y en Madrid, se ha levantado voces de descontento para señalar que la reestructuración de AENA margina las reivindicaciones y los intereses aeroportuarios de las administraciones locales.

Aunque los estatutos de Egaesa no son demasiado explícitos, dejan claramente abierta una puerta para conseguir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan satisfacer su cuota correspondiente de poder. Y la logran por la vía de reconocer a la filial de AENA la potestad de desarrollar cuantas actividades estén directamente relacionadas con su objeto social. Entre ellas se especifica 'la creación de sociedades mercantiles cuyo objetivo será la gestión de uno o varios aeropuertos'.

Esta segunda revolución en el modelo aeroportuario lanzado por Fomento también se plantea con efectos retardados. Es previsible que las primeras sociedades mercantiles, filiales de Egaesa, que se creen para agrupar y gestionar aeródromos de una determinada comunidad autónoma, no puedan estar operativas antes de que transcurran dos años.

La revolución en dos tiempos que plantea el Ministerio de Fomento para AENA tiene un riesgo. Las comunidades autónomas están inquietas y cuatro de ellas, Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid, se han embarcado en la creación de entidades con personalidad jurídica propia cuyo objeto social reconocido consiste en asumir la gestión, administración, explotación y construcción de las infraestructuras aeroportuarias que sean de titularidad de la comunidad autónoma.