¿No es demasiado dinero?
Ha quedado confirmado que en el pecado va incluida la penitencia. Me refiero a Estados Unidos, causante del mayor desaguisado financiero de la era contemporánea que está pagando con una profunda recesión -exportada, eso sí, al resto del mundo- y una gigantesca inundación de dinero público a fin de recomponer el deterioro de su sistema financiero. Las cifras son astronómicas: 700 millardos (109) de dólares en el TARP, para ayudar a la banca y a otros sectores en dificultades; 200 millardos de dólares para el programa TALF, más otros 600 destinados a entablillar créditos hipotecarios y como salvavidas a las agencias públicas gestoras de estos, a lo cual se añaden 787 millardos de dólares para reactivar la economía y, hace unos días, el Plan Geither, dirigido a la adquisición de préstamos y titulaciones tóxicos en cartera de las entidades financieras privadas.
Inicialmente, este plan, que cuenta con la colaboración del sector privado, se propone movilizar hasta un billón (1012) de dólares para limpiar los balances bancarios, permitiendo así la reanudación de su actividad crediticia. El plan no es un modelo de sencillez y plantea numerosas dudas que hacen aconsejable esperar y ver.
Y ello sin mencionar, primero, que la Reserva Federal ha rebajado el precio del dinero hasta casi el 0% y está dispuesta a comprar cualquier cosa que pase por ventanilla, ya sea bonos del Tesoro o préstamos a estudiantes por un importe que puede superar el billón de dólares y, segundo, que en su primer presupuesto, Obama apuesta por un gasto omnicomprensivo, con lo cual el déficit durante la próxima década ascendería a 9,3 billones de dólares, según cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso.
En Europa y España la situación presenta algunos matices diferentes que conviene resaltar. Frente a las reiteradas pretensiones estadounidenses de inyectar más fondos públicos a fin de reactivar la economía, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea parecen estar de acuerdo en esperar a comprobar si los programas ya aprobados -unos 400 millardos de euros, algo más del 3% del PIB conjunto de la Unión Europea, más lo que supongan las posibles ayudas a ciertos socios del Este- comienzan a dar frutos antes de adoptar medidas adicionales.
Quizá sea la canciller Angela Merkel quien ha resumido mejor esa posición al afirmar que numerosos Estados incurren ya en déficits excesivos que crearán 'problemas ahora y en el futuro'.
Dentro de ese marco general las perspectivas de nuestro país no son precisamente de las mejores. Llevamos dos trimestres con tasas negativas de crecimiento del PIB y todos los indicadores apuntan a una intensificación de la tendencia durante el año en curso, al tiempo que seremos unos de los últimos entre los grandes países europeos en recuperarse a lo largo del 2010. El paro continuará aumentando hasta llegar a casi el 17% en dicho año y el déficit público rondará este año el 8% del PIB y ascenderá en 2010 a un porcentaje en torno al 9,5%. Y algo más alarmante, según la fundación de las cajas de ahorros Funcas, su componente estructural medio en el bienio 2008-2009 será del 6,6% del PIB, a lo cual se une un temor generalizado: que gastamos mucho y mal.
Todo podría complicarse aún más en caso de no actuarse rápidamente si surgiesen dificultades en el sistema bancario. Hasta ahora hemos alardeado de su fortaleza pero comienza a hablarse de posibles grietas y ello recomienda aclarar de una vez los posibles criterios de actuación en caso de agrandarse aquellas. El prestigio ganado por el Banco de España podría estar en juego, lo cual hace imprescindible que el Gobierno deje a un lado las habituales frases crípticas y exponga la estrategia que seguiría para preservar la fortaleza del sistema y restablecer los flujos crediticios que la recuperación económica precisa.
Queda una última tarea ineludible. Después de haber negado la existencia de la crisis y de asegurar ahora que su superación está al alcance de la mano, los ciudadanos tienen derecho a que se les explique con seriedad cómo y mediante qué tipo de reformas piensa el Gobierno garantizar a medio plazo la estabilidad económica, asegurar una distribución equitativa de la renta entre las regiones del país, garantizar la unidad y la libertad de mercado, fomentar la calidad de educación así como la investigación y el desarrollo tecnológico y eliminar la corrupción y la ineficacia administrativa. ¡Ni más ni menos!
Raimundo Ortega. Economista