Fusiones de cajas sí, pero racionales
Una veintena de cajas de ahorros están actualmente inmersas en procesos de concentración más o menos avanzados. La inminente fusión entre Caja Castilla-La Mancha y la malagueña Unicaja ha abierto de nuevo la espita en el sector. Caja de Badajoz y Caja de Extremadura, las dos entidades extremeñas, podrían ser las siguientes. El resto de las operaciones parecen en estos momentos algo más lejanas.
Aunque las 45 cajas existentes en España se agrupan bajo un mismo paraguas legal, e incluso algunos servicios compartidos, poca similitud existe entre la más grande, La Caixa, que cuenta con 5.470 sucursales -incluidas participaciones en entidades extranjeras- y Caixa Pollensa, la más pequeña, que sólo dispone de 20 oficinas. Tiene, pues, todo el sentido un proceso de concentración generalizado que desemboque en entidades de mayor dimensión que las permita competir en mercados cada vez más globales. Eso no significa que aquellas que están bien gestionadas no puedan continuar su andadura en solitario si se acuerda qué es lo más acertado.
Aunque por encima de cualquier otra consideración las concentraciones deben estar gobernadas por la racionalidad y la viabilidad económica. Sería un error que una operación sea impulsada -o, peor aún, frustrada- por las pretensiones de algún Gobierno regional que aspira a disponer de una mayor entidad que sirva a sus intereses. Sin embargo, la exigencia de criterios de racionalidad económica en las fusiones entre cajas no está reñida con la intervención de los partidos políticos, cuya representación en sus consejos es muy elevada. Es más, la participación política bien orientada debería ser determinante para que las operaciones llegaran a buen término.
Una muestra de buen hacer es la operación de CCM y Unicaja. Ambas entidades encajan bien, ya que sus duplicidades son prácticamente nulas. Además, las dos obtendrán sinergias y la celeridad con que se ha actuado contribuirá a evitar un mayor deterioro de la entidad manchega y garantizará la creación de un nuevo actor solvente. En el extremo opuesto está el intento del Gobierno castellanoleonés de imponer una concentración claramente contra natura. Es comprensible que los directivos de las cajas de la región se hayan opuesto al proyecto.
En definitiva, con la crisis financiera en su apogeo, cobra sentido la fusión entre cajas sin que influya si son o no de la misma región. Al Banco de España -que dispone de una visión del conjunto financiero español- le corresponde la misión de pilotar el proceso e, incluso, de ser el instigador de alguna operación. Es un papel que nadie le negará, pues se ha ganado una sólida reputación de anteriores fusiones. Los políticos -de cualquier color- han de contribuir a que se lleven a buen fin y los directivos de las entidades tendrán que negociarlas. Nadie conoce como ellos los puntos fuertes y débiles de sus organizaciones.