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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Recapitalización a la española

Voces de especial relevancia, como la del ministro de Economía, Pedro Solbes, o la del presidente del BBVA, Francisco González, han alertado en los últimos días sobre la posibilidad de que alguna entidad financiera pueda necesitar ayuda. Ayer se sumó la del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que reforzó el mensaje de que, aunque en estos momentos no hay ninguna entidad en peligro, el sistema financiero español no goza de inmunidad permanente.

El movimiento de fusiones entre cajas de ahorros, acelerado en las últimas semanas, hace más realistas estas advertencias. Y, en la misma línea, es conveniente estar preparado por si alguna entidad española requiriese ser rescatada. Sin embargo, a diferencia de lo que ha venido sucediendo en otros países, donde las ayudas se han centrado en inyecciones directas de fondos públicos mediante diversas fórmulas -entrada en el capital adquiriendo acciones preferentes o compras de activos dañados-, España tiene otros mecanismos que ya han demostrado su valía.

El Gobierno y el sector financiero coinciden en que el mejor camino -o, al menos, la primera alternativa- es dejar a la industria financiera resolver el problema mediante fusiones o adquisiciones. Se ha utilizado con éxito en el proceso de concentración de las cajas y de la banca en tiempos recientes. Apoyado por esos movimientos corporativos, el sistema financiero español está hoy a la cabeza mundial en solvencia, fortaleza y tamaño. Además, el Fondo de Garantía de Depósitos es un colchón adicional de seguridad, como quedó patente con la intervención de Banesto en los noventa.

No obstante, no hay razón para rechazar a priori la posibilidad de que el Estado tenga que acudir al rescate de alguna entidad cuya situación financiera desaconseje la fusión. Porque sería un error poner en riesgo una entidad para salvar otra. Eso sí, la ayuda pública no debe entenderse como una nacionalización perdurable, sino como una transición hasta que en la entidad que lo precise se despejen las dificultades.

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