La financiación público-privada en EE UU y la crisis
En los últimos años, las P3 (public private partnerships) se ha convertido en un recurso cada vez más habitual en Estados Unidos para la financiación de las Administraciones públicas, principalmente debido a la necesidad de renovar y ampliar infraestructuras y servicios públicos. Este modelo se ha empleado especialmente en licitaciones de peajes, autopistas, ferrocarriles, infraestructuras de distribución y tratamiento de aguas, servicios urbanos (recogida de basuras y tratamiento de residuos), etcétera. La limitación presupuestaria de las Administraciones públicas, el aumento de la demanda y la necesidad de recaudar fondos para el erario público han sido, en gran medida, las causas responsables del impulso de la concesión a largo plazo de numerosas obras, bienes, infraestructuras y servicios públicos.
En este sentido, dentro de Estados Unidos, Chicago ha tenido un papel destacado en el proceso privatizador, pero en ningún caso anecdótico; Chicago privatizó recientemente el aeropuerto de Midway, el cual se ha convertido en el primer aeropuerto de Estados Unidos en quedar en manos privadas a cambio de 2.500 millones de dólares. Otro importante activo que adjudicó la ciudad de Chicago fue la autopista de peaje Chicago Skyway, por la que en 2004 la ciudad de Chicago ingresó 1.830 millones de dólares.
También los aparcamientos subterráneos de Chicago (el Chicago Downtown Public Parking System), compuestos por 9.178 plazas de garaje bajo el pabellón Jay Pritzker diseñado por Frank Gehry, y la fuente interactiva diseñada por el escultor español Jaime Plensa fueron concedidos en 2006 a Morgan Stanley junto con LAZ Parking por un periodo de 99 años. El precio de dicha concesión alcanzó los 563 millones de dólares. Esta tendencia privatizadora ha continuado hasta finales de 2008, cuando una vez más la corporación local de Chicago y el Park District de dicha ciudad han adjudicado el sistema de parquímetros y aparcamientos de superficie de nuevo a un fondo de infraestructuras gestionado por Morgan Stanley en virtud de una concesión a largo plazo por 75 años por la cual Morgan Stanley Infrastructure Partners pagó 1.160 millones de dólares.
Dentro de esta tendencia privatizadora, impulsada por los planes de la nueva Administración Obama y por el hecho de que muchas de las infraestructuras existentes están obsoletas y necesitan mejoras, un gran número de Estados y corporaciones locales en Estados Unidos están recurriendo a las PPP para mejorar las mismas.
En virtud de los regímenes de colaboración público-privada una entidad privada celebra un contrato a largo plazo con una entidad pública para asegurar la correcta financiación, construcción y/o operación de una infraestructura o servicio público. Generalmente, la gran envergadura de los proyectos relacionados con los servicios públicos hace que los mismos sean especialmente susceptibles a la actual crisis financiera. Sin embargo, por las características propias de las PPP, no es de esperar una avalancha de proyectos desiertos por falta de ofertas para los mismos.
Por su parte, el sector público también se ve afectado por la crisis financiera en todos sus niveles, en la medida en que los ingresos percibidos por vía de impuestos se reducen por la ralentización de la actividad económica. Sin embargo, esa merma en la recaudación se sentirá de forma retardada en las arcas públicas. Esto hace que las entidades públicas tengan más flexibilidad y no saquen a concurso proyectos menos esenciales si no van a recibir por ellos las cantidades esperadas.
El plan de estímulo de la economía firmado ayer por Barack Obama en Denver con objeto de mejorar y modernizar la economía del país cuenta con un presupuesto total de 787.000 millones de dólares, de dicha cantidad se destinan 90.000 millones a proyectos de infraestructura (incluyendo rehabilitación, construcción y mejoras de carreteras y puentes, tratamiento de aguas, sistemas de prevención de inundaciones y promoción de sistemas de transporte público). Dicha partida no incluye inversión en energía renovable, que tiene un presupuesto independiente de unos 92.000 millones de dólares.
Con independencia del presupuesto anteriormente citado, la modernización de las infraestructuras norteamericanas requerirá además la unificación de la política federal (incluyendo los subsidios y avales federales) con la de cada uno de los Estados involucrados para acometer de forma exitosa y eficiente grandes proyectos de licitación y privatización de infraestructuras de transporte en Estados Unidos.
José Antonio Morán / Andrés Arnaldos; socio y asociado del área de Project Finance de Baker & McKenzie LLP Chicago