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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Las empresas urgen soluciones

La patronal madrileña CEIM y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio presentaron ayer, por separado, medidas en defensa de la empresa. La simple aportación de iniciativas es un paso en la buena dirección, especialmente ante la escasez de nuevas ideas del Gobierno, la nula disposición de la oposición y el retraso del diálogo social.

La CEIM, que dice hablar en nombre de la CEOE, pretende que el Gobierno reduzca el coste del despido con la creación de un nuevo contrato que rebaje la indemnización a 20 días por año trabajado. La propuesta puede ser estudiada, pero en cualquier caso debe hacerse en el marco del diálogo social. No obstante, sería más útil y urgente para atajar la crisis abordar una negociación que contribuya a reducir los costes laborales, como salarios o cotizaciones entre otros, antes que abaratar el despido de los nuevos contratados.

Pero al margen de medidas que deberían abordarse en el diálogo social, CEIM ha presentado otras cuya aprobación depende en exclusiva del Gobierno. Entre ellas, la posibilidad de una moratoria en el pago de impuestos y cotizaciones sociales a aquellas empresas que, simplemente, lo soliciten. Es, obviamente, una medida excepcional, pero sensata, máxime cuando el Ejecutivo busca vías para aliviar la escasez de liquidez de muchas empresas y cuando lo ha puesto ya en marcha en determinados sectores. Igualmente solicitan, con toda razón, fórmulas para que las Administraciones no sigan demorando pagos. No tiene justificación que lo público tenga patente de corso en materia de morosidad. Simplemente, deben cumplir la ley.

El Consejo de Cámaras desveló ayer que 183.000 pymes (el 11% de las que hay en España) no han podido acceder al crédito en los últimos meses, abocándolas al cierre, aunque no aclara si tienen viabilidad. En cualquier caso, el sistema financiero debe acelerar las líneas crediticias abiertas por la Administración para garantizar los flujos de circulante, y estudiar caso a caso todas las demandas de crédito con el fin de repescar a las que puedan sobrevivir con financiación.

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