Las regiones incumplen las ayudas previstas en la Ley de Dependencia

Las comunidades autónomas están optando por dar ayudas directas a las personas dependientes, en lugar de proporcionarles servicios de atención. La Ley de Dependencia fijaba la ayuda económica como 'excepcional' y, sin embargo, es la más usada por las regiones que, además, no especifican el tipo de prestación que dan en el 38% de los casos.

La aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia está siendo un caos. En esto coinciden prácticamente todos los actores implicados. Aunque, como ocurre con todas las leyes, se puede encontrar gente satisfecha con las nuevas ayudas y gente que no lo está. Pero los últimos datos oficiales de ejecución de esta ley no dan lugar a dudas sobre la enorme disparidad entre la forma de aplicar la ley por parte de cada región.

A esto hay que añadir que, en la práctica, los gobiernos autonómicos están incumpliendo por regla general el espíritu y la letra de la norma. Así, el texto establece que los servicios sociales deben dar prioridad a las prestaciones asistenciales (aquellas que dan una plaza de residencia, centro de día o de noche u otros servicios como teleasistencia o ayuda a domicilio). Si esto no fuera posible, la ley indica que deberá proporcionarse una prestación vinculada a la compradeunode los servicios citados. Y, sólo "excepcionalmente", se dará una ayuda económica para cuidados familiares en el hogar.

Pues bien, las regiones están haciendo de la excepción la regla general. Según el Ministerio de Educación y Política Social, a 1 de enero de este año, la prestación más utilizada es precisamente la económica. De los 449.415 beneficiarios con derecho a prestación, 129.151 reciben la ayuda económica directa, sin vincularse a ningún servicio, lo que supone el 29% del total de perceptores.

A estos casos se deben sumar buena parte de los 172.065 beneficiarios (el 38%) que reciben una prestación que no ha sido especificada por las comunidades. Así fuentes conocedoras de la aplicación de la ley señalan que la mayoría de este grupo son también reciben ayudas exclusivamente económicas.

Desde distintos gobiernos autonómicos justifican esta situación asegurando que "son los propios beneficiarios los que exigen recibir la ayuda económica en lugar de otra prestación de servicios". Estas ayudas oscilan entre unos 800 euros para grandes dependientes de grado II y los 300 euros para los severos de grado I, que entran este año en el sistema.

Escasa creación de empleo

Esta situación tiene un claro efecto negativo en términos de empleo, ya que estas ayudas no crean puestos de trabajo. Así, el objetivo del Gobierno de crear 300.000 empleos al amparo de esta ley podría verse truncado si las comunidades no cambian su estrategia. A pesar de todo, el Ministerio de Educación creó ayer una unidad para agilizar la generación de estos puestos de trabajo con un fondo extra de 400 millones.

Tras las ayudas estrictamente económicas, se sitúan los beneficiarios de una plaza residencial, que son el 15% (68.036 personas). El poco peso de este tipo de atención es significativo ya que hasta ahora sólo se ha reconocido la prestación a los dependientes grandes y severos, con lasmáximas necesidades de servicios profesionales. Si bien hay excepciones como la comunidad de Madrid, donde casi la mitad de las prestaciones reconocidas corresponden a plazas residenciales; o la Comunidad Valenciana y el País vasco, donde estas plazas representan el 31% y 29% del total, respectivamente.

Navarra es la comunidad más exigente

No todas las comunidades son igual de rápidas, ni de exigentes en sus dictámenes. Del total de solicitudes presentadas en toda España (725.411), ya se ha hecho la evaluación en el 85% de los casos y se ha elaborado un dictamen (con el tipo de prestación que le corresponde) para el 82% de este total de peticiones. Pues bien, la diligencia a la hora de hacer dichas evaluaciones es muy dispar y oscila entre el caso de Navarra, que sólo ha evaluado el 58% de las solicitudes presentadas y Madrid y Murcia, que aseguran haber evaluado prácticamente la totalidad de las peticiones.Sin embargo, a esta lentitud puede estar relacionada con la rigurosidad de sus evaluaciones. Así, Navarra resulta ser la más exigente a la hora de otorgar las ayudas, ya que sólo ha reconocido el derecho a una prestación en el 44,5% de los dictámenes emitidos; mientras que Murcia ha reconocido algún tipo de prestación en el 100% de sus expedientes. Este último caso coincide con que esta comunidad ha encargado a la medicina privada la evaluación de sus dependientes. También el País Vasco ha reconocido prestaciones en el 100% de sus dictámenes, si bien fuentes de esta comunidad aseguraron que "debe haber un error" porque han rechazado numerosos expedientes.También hay diferencias en el grado de información que facilitan y, por ejemplo, Canarias no ha especificado el tipo de ayudas que da en el 80% de los casos.

Sin teleasistencia ni visitas a domicilio en gran parte de España

El hecho de que las regiones den mayoritariamente prestaciones económicas se traduce en la total ausencia de otro tipo de servicios de atención que prevé la ley. Es el caso de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, ambos servicios completamente inexistentes en casi la mitad de las comunidades. Así, según los datos del Imserso, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja no han reconocido ni una sola prestación de teleasistencia o ayuda a domicilio al amparo de la Ley de Dependencia.Por el contrario, la ayuda a domicilio supone el 21% y el 17% de las ayudas en Andalucía y el País Vasco respectivamente.En cuanto a la prestación vinculada al servicio, que fue la gran novedad de la ley, sólo en Navarra y Castilla y León estas ayudas superan el 10% sobre el total de las concedidas. Y es casi inexistente en Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid y Murcia.

Más de la mitad de los perceptores supera los 80 años

Mujer, con más de ochenta años es el perfil prototípico de persona que se ha dirigido a los servicios sociales a demandar una ayuda por ser dependiente y no poder realizar las actividades diarias de forma autónoma. Así, de las 725.411 solicitantes registrados hasta el pasado 1 de enero, el 52% habían cumplido ya los ochenta años. En consecuencia, dado que las mujeres viven por regla general más años que los hombres, el 66% del total de beneficiarios era mujer frente al 34% de los hombres.No obstante, también es significativo el peso del colectivo de entre 55 y 79 años, que representa a uno de cada tres beneficiarios de estas ayudas.Durante el debate previo a la aprobación de esta norma se discutió la cobertura de la ley, para concluir que no habría límite de edad. Así hay 22.692 beneficiarios de menos de 18 años, de los que 3.960 son menores de 3 años.