Financiación con vocación federal
A falta de concretar las grandes cifras, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, presentó ayer el marco de la nueva financiación autonómica que remitirá a las diferentes comunidades para su cierre definitivo en el mes de enero. El trabajo desarrollado por el Gobierno en los últimos meses en contacto con los consejeros de Economía ha servido para alcanzar un denominador común que garantizará nuevos recursos para los territorios más dinámicos y, al mismo tiempo, ingresos complementarios para aquellas comunidades más atrasadas en la prestación de los servicios públicos esenciales. Este equilibrio será posible gracias a la articulación de tres fondos cuyo contenido aún está por precisar: el de Garantía de los Servicios Fundamentales, el de Suficiencia Global y el de Convergencia Autonómica. En las próximas semanas, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ultimará con sus interlocutores cómo ponderan en cada uno de estos fondos los criterios de ajuste de la población relacionados con el propio territorio, la dispersión geográfica, la insularidad, el número de ancianos y de jóvenes, así como el colectivo de personas dependientes. También queda por solucionar el peso que tendrá la inmigración en el reparto final del dinero.
El documento conocido ayer contiene algunos de los elementos exigibles en una reforma de este calado, ya que apunta a un modelo más transparente, solidario y suficiente. El mérito no es sólo del ministerio, sino también de todas aquellas comunidades que en los últimos años han defendido la necesidad de actualizar el factor población, que hasta ahora tomaba como base el año 1999. También supone una ventaja evidente que las comunidades vayan a disponer de mayor capacidad normativa para gestionar los tributos cedidos. Si ahora el 70% de todos los recursos autonómicos provienen de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, cuando empiece a rodar el nuevo sistema este porcentaje pasará a ser del 90%. Si los territorios apuraran el uso de esta capacidad normativa, es evidente que caminaríamos hacia un sistema de vocación federal. Por ello sería cada vez más inadmisible que aquellos Gobiernos regionales que opten demagógicamente por rebajas impositivas luego recurran a la Administración central en solicitud de más dinero. Desde esta perspectiva, sería deseable que el nuevo modelo que ultima el Ejecutivo incorpore iniciativas que beneficien el esfuerzo fiscal. Si algo ha quedado claro en todos estos años, es la necesidad de conjugar la corresponsabilidad y la lealtad fiscal entre los diversos territorios y el Estado como tal, entre otras razones para evitar la generación de espacios estancos que faciliten el fraude.
La aplicación del nuevo modelo permitirá conocer si realmente los planteamientos que Cataluña incorporó a su Estatuto pueden generalizarse en sus aspectos esenciales al conjunto del sistema autonómico. La sospecha de que puede no ser así ha llevado al PP a anticipar su rechazo a la propuesta planteada desde el Gobierno, una actitud de alto riesgo para Mariano Rajoy teniendo en cuenta la sonrisa de oreja a oreja que lució la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, tras su reciente entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero.
