La explosión demográfica deja en evidencia el modelo actual
El Ejecutivo vinculará el reparto de recursos a la población real.
El actual modelo de financiación entró en vigor en 2002 con el apoyo de todas las comunidades. Por aquel entonces se decía que era el definitivo. Sin embargo, seis años más tarde, existe consenso en que ha quedado desfasado y presenta deficiencias.
Su principal problema es que no ofrece un buen mecanismo para calcular las necesidades de financiación en relación a la población real. Cuando se ideó el modelo nadie contaba con la explosión demográfica que ha sufrido España, cuya población de 1999 a 2007 ha aumentado en cinco millones de personas.
El actual modelo utiliza los datos demográficos de 1999. Ello perjudica a las comunidades que más han crecido, como Baleares, Madrid o la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, las necesidades de financiación de Baleares se calculan como si tuviera 800.000 habitantes cuando en realidad supera el millón. La propuesta del Gobierno contempla vincular el nuevo modelo a la población real y articular un sistema para actualizar la financiación al censo.
La población será la principal variable para establecer el reparto de recursos entre las comunidades. La medida, obviamente, tiene el apoyo de las comunidades más pobladas y levanta recelo en las demás. 'No aceptaremos que ningún aumento de recursos adicionales se determines sólo por la población', advierte el consejero de Hacienda de Asturias, Jaime Rabanal.
El Gobierno ya ha anunciado que la población será corregida por otras variables como la dispersión geográfica. Las comunidades con mayor extensión argumentan que no pueden aplicar economías de escala y, por tanto, sus servicios se encarecen. Los mecanismos con los que se corrija la población supone otro punto caliente del debate. Desde Cataluña, piden que se tenga en cuenta que la inmigración conlleva un gasto mayor en servicios sociales y educación.
El Gobierno de José Montilla alega que Cataluña recibe en torno al 22% de toda la inmigración que llega a España. La postura catalana es compartida por el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre.
Canarias y Valencia reciben menos
Los últimos datos de liquidación del sistema autonómico que corresponden al 2006 muestran que Canarias y Valencia son las dos comunidades que menos reciben del sistema de financiación respecto a su población. En el lado contrario, Cantabria y La Rioja son las que más rédito sacan del sistema. Mientras que el Gobierno canario cuenta con 2.400 euros por cada habitante, el cántabro dispone de 3.145. Por debajo de la media se encuentran Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Madrid. Estas comunidades son las que más han crecido demográficamente en los últimos años.Aquellas regiones que aparecen en la parte alta de la lista de financiación per cápita defienden que por sus características precisan de mayores recursos por habitante. Así, Aragón alega que la extensión del territorio, la dispersión de la población y el alto porcentaje de población envejecida supone un coste extra para su Gobierno.Aragón, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Extremadura y Asturias ya han anunciado que no aceptarán que sólo la población determine el reparto de recursos entre las comunidades autónomas.