El 'sudoku' del sistema autonómico

La división marca la recta final del debate de financiación

El Gobierno confía en que la cesión de mayor capacidad normativa a las autonomías posibilite el pacto.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a sus primeras elecciones en 2004 con un programa que ya prometía una reforma de la financiación autonómica. Cuatro años más tarde, el debate encara su recta final con las comunidades divididas. La pretensión del Gobierno es aprobar una reforma con el máximo consenso, lo que dificulta aún más cualquier posible acuerdo. En este sentido, los contacos entre el Gobierno y las comunidades autónomas se intensificaron este fin de semana. Zapatero se reunió con los presidentes de Cataluña, José Montilla, y Andalucía, Manuel Chavez, que han causado malestar en el PP y en las otras regiones. Pero parece que estos contactos han logrado algún avance.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha comparado la negociación de la financiación autonómica con un sudoku, en una metáfora que hizo fortuna. Ahora, el debate se parece más a un inmenso tablero de ajedrez donde Gobierno y comunidades mueven con extrema cautela sus piezas. En Economía han ideado un borrador con el objetivo de satisfacer a todos.

Como ya avanzó este periódico el jueves, el Gobierno planea que las comunidades autónomas puedan modificar el número de tramos del IRPF sobre los que tienen competencia. Actualmente la capacidad normativa de las autonomías sobre los grandes impuestos es marginal. Con este cambio, los ingresos de las comunidades dependerán más de la política fiscal que establezca cada Gobierno autonómico. Sin embargo, ello podría crear diferencias muy significativas en la presión fiscal entre territorios. Por otra parte, Solbes cederá cierta responsabilidad legislativa a las comunidades en el IVA, un impuesto que depende en gran medida de las decisiones de Bruselas.

Zapatero intentó este fin de semana acelerar un pacto y mantuvo reuniones con los presidentes de Andalucía y Cataluña, Manuel Chaves y José Montilla.

El otro gran cambio en el que parece que hay acuerdo entre todas las comunidades es en el aumento de los porcentajes de cesión de los grandes impuestos, IRPF e IVA. Cuando el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, reclamó el 15% del IRPF para las comunidades a principios de los año 90, muchos se llevaron las manos a la cabeza y anunciaron la desvertebración de España. Ahora, todas las comunidades -y el Gobierno también- coinciden en que las autonomías ingresen el 50% de la recaudación estas tasas cuando hasta ahora obtenían el 33% y el 35%, respectivamente. Con esta medida se reduce lo que las comunidades llaman 'desequilibrio vertical'. Es decir, las autonomías reciben el 22% de los ingresos públicos y, sin embargo, les corresponde el 36% de los gastos. La diferencia la cubre el fondo de suficiencia. Precisamente, la forma en cómo se establezca la solidaridad interterritorial se vislumbra como el principal escollo que deberá sortear el Gobierno para cumplir con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo multilateral. Por el momento, Economía se ha mostrado abierta a la propuesta catalana de limitar la solidaridad interterritorial -que se articula a través del fondo de suficiencia- a sanidad, educación y servicios sociales. El modelo actual no hace distinciones.

Solidaridad parcial

El fondo de suficiencia es una resta que cubre la diferencia entre los ingresos de las comunidades y sus necesidades. Por ejemplo, en 2006 -último año del que hay datos definitivos sobre liquidación- Galicia ingresó entre tributos propios y cedidos, 4.000 millones de euros. Sin embargo, sus necesidades de gasto ascendieron a 7.659 millones. Esa diferencia la cubre el fondo de suficiencia. Sólo Madrid y Baleares pueden prescindir de la solidaridad interterritorial.

La propuesta catalana de limitar la solidaridad a ciertas competencias tiene el rechazo frontal de comunidades como Extremadura, Castilla y León o Asturias. Según cálculos del Gobierno catalán, sanidad, educación y servicios sociales suponen entre el 65% y el 75% del gasto autonómico. Andalucía reclama que el Gobierno incluya también la Justicia entre las competencias susceptibles de nivelación, algo que rechaza Cataluña. Es probable que durante el trámite legislativo de la reforma de financiación se incluyan otras materias de nivelación para obtener el visto bueno de las comunidades con menor capacidad fiscal.

En cualquier caso, la mayoría de autonomías, sobre todo las gobernadas por el PP, ven con recelo el protagonismo que ha adquirido Cataluña en la negociación de la financiación. El pasado sábado, Zapatero y el presidente de la Generalitat, José Montilla, se reunieron en la Moncloa para acelerar un acuerdo que finalmente no se alcanzó. Algunas regiones como Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla y León ya han advertido que no aceptarán que un sistema pactado sólo con el Ejecutivo catalán se aplique a todas las comunidades.

Mientras que Cataluña está más interesada en idear un modelo óptimo de reparto, la preocupación de la mayoría de comunidades se centra en saber cuánto dinero de más está dispuesto a poner encima de la mesa el Gobierno. 'Sólo habrá pacto si aumentan los recursos', repiten muchos consejeros regionales.

Si bien el Gobierno adquirió el compromiso de que todas las comunidades mejorarían con la nueva financiación, el deterioro económico y la entrada del Estado central en déficit por primera vez en tres años amenaza con reducir el margen de maniobra de Economía. Además, Solbes vinculó los recursos adicionales a 'las disponibilidades presupuestarias'. Esta coletilla inquieta a los Ejecutivos regionales.

En todo caso, los mensajes que lanza el Ejecutivo son optimistas. El objetivo de Zapatero es alcanzar un pacto a principios de 2009 y poner en marcha el nuevo modelo de forma gradual. El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que previsiblemente se celebrará en enero, servirá para calibrar hasta qué punto es posible el consenso. Tampoco hay que descartar que algunas comunidades apliquen un nuevo modelo y otras opten por el actual.

Madrid. Beteta reclama 6.000 millones más al Estado

El Gobierno presidido por Esperanza Aguirre se muestra escéptico sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo multilateral en financiación. El consejero de Economía, Antonio Beteta, ya ha anunciado que el Estado debería incrementar en 6.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas. Por el momento, el Gobierno se niega a dar ninguna cifra concreta. Con cierta sorna, el consejero económico pide que el Ejecutivo elimine la rebaja fiscal de 400 euros -cuyo coste asciende a 6.000 millones de euros- y dedique ese dinero a mejorar la financiación autonómica.

Beteta, que participó activamente durante el Gobierno de José María Aznar en la elaboración del actual modelo de financiación, reclama que el Gobierno utilice la población actual y no la de 1999 para determinar las necesidades de gasto de cada comunidad. La población madrileña ha aumentado desde 1999 en casi un millón de personas, una cifra que el sistema no tiene en cuenta.

El gobierno regional, junto a la Comunidad Valenciana, pide a Solbes que mientras no haya un nuevo sistema de financiación, establezca un fondo de 1.000 millones de euros para paliar el incremento de población.

Por otra parte, Madrid defiende que el Gobierno central le debe 5.023 millones de euros por 'la falta de inversiones' y habla de 'agravio comparativo' con Cataluña.

Andalucía. Exige un pacto multilateral y la deuda histórica

Andalucía abrió el fuego del debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica poniendo encima de la mesa en la primavera de 2006 un modelo propio que consagra el criterio de población y que sintonizaba con el planteamiento realizado posteriormente por el Gobierno central.

Sin embargo, esta convergencia inicial entre ejecutivos de signo socialista se ha visto deteriorada por el bloqueo en las negociaciones de la llamada deuda histórica andaluza y por las aspiraciones de Cataluña de lograr un acuerdo bilateral.

Andalucía defiende que el nuevo sistema se acuerde de forma multilateral entre todas las comunidades con el objetivo de conciliar los intereses de todas ellas. En las negociaciones previas, la comunidad presidida por Manuel Chaves, que para añadir complejidad a la posición andaluza también es presidente del PSOE, ya ha arrancado que se pondere la población menor de 15 años.

Pero se mantiene en alto la reivindicación de la multilateralidad del acuerdo y la amenaza de que Andalucía negará su respaldo al nuevo sistema de financiación si antes no se ha cerrado un acuerdo sobre la cuantía de la deuda histórica. La comunidad exige al Gobierno central por este concepto recogido en su Estatuto de Autonomía un mínimo de 1.145 millones de euro, informa Rosa Coronilla.

C. Valenciana. Más recursos para reducir la deuda

La Comunidad Valenciana defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica debe tener como eje fundamental el criterio de población. La comunidad, como otros territorios, ha visto incrementado de forma notable el número de habitantes desde que se pactó la financiación en 2001. Se calcula que hay cerca de un millón más de valencianos en la actualidad a los que atender. En sanidad, por ejemplo, la región arrastra un grave déficit. La Generalitat Valenciana, presidida por el popular Francisco Camps, cuenta con el mayor endeudamiento de todas las autonomías en relación al PIB, el 11,4%, lo que la obligó a seguir un plan de saneamiento obligado por el Gobierno. Sin embargo, la crisis ha vuelto a abrir las puertas a presupuestos deficitarios. En todo caso a la Generalitat le urge un nuevo modelo que le proporcione mayores ingresos del Estado, ya que su capacidad financiera se estrecha cada vez más. Gerardo Camps, consejero de Economía, es una de las cabezas visibles del PP en la negociación.

Coincide con el socialista catalán Manuel Castells en la mayor parte del discurso. Con todo, el PP valenciano participa de la tesis del partido en España de que el acuerdo debe ser multilateral. Camps defiende un pacto a largo plazo aunque tenga que aplicarse de manera gradual por la crisis económica, informa Joaquim Clemente.

Castilla y León. Del Olmo pide que no haya tratos preferentes

La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, observa con desconfianza el rango preferente de Cataluña en el debate sobre financiación. Mientras que representantes del Gobierno central y catalán reconocen que han mantenido múltiples contactos en las últimas semanas, Del Olmo asegura que no han hablado de financiación con el Ministerio de Hacienda desde el pasado mes de octubre. La postura de castellanoleonesa se centra en un rechazo frontal a la posibilidad de limitar la solidaridad interterritorial a los servicios básicos. 'Todos los ciudadanos españoles deben tener igual a acceso a todos los servicios', defiende la consejera.

Por otra parte, una de las grandes prioridades de la región pasa por lograr que el nuevo modelo de financiación contemple variables como la dispersión geográfica, la extensión territorial y el envejecimiento de la población. Exigen que la población determine el 80% de los recursos y el restante 20% se calcule a partir de otras variables.

Castilla y León, gobernada por el PP, hace hincapié en la importancia de alcanzar un acuerdo multilateral entre todos. Por otra parte, Del Olmo recela de las prisas del Gobierno por aprobar cuanto antes un sistema de financiación y reclama más tiempo para idear un modelo que perdure en el tiempo.