Sospechosa discreción

Bruselas, capital del comunicado de prensa y de la propaganda institucional, ha logrado que uno de sus expedientes pase prácticamente desapercibido durante varios años. Y eso que sus protagonistas, al menos en España, tienen un perfil inconfundible desde hace más de un siglo.

Van de uniforme o de paisano. En moto, jeep y hasta helicóptero. Pero todos tienen dos cosas en común. Son miembros de la Guardia Civil. Y, la segunda, el Estado español no les reconoce el derecho a acogerse a la directiva europea sobre tiempo de trabajo que fija un máximo de 48 horas laborales por semana.

Por ese motivo, la Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La noticia de tan inesperada denuncia ha surgido a rebufo del agrio debate sobre la llamada directiva de las 65 horas de trabajo semanal, en el que España, desde el Gobierno a la oposición, se ha fajado en Bruselas y Estrasburgo para que no entre en vigor.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que el caso sobre el horario de la Guardia Civil lleva años abierto en Bruselas, sin que la Comisión Europea ni el Tribunal de Luxemburgo hayan difundido demasiada información al respecto. Más bien, ninguna.

Incluso hubo una sentencia europea en 2006 que condenó a España por mantener al instituto armado en un limbo legal, pero no hay constancia de ningún comunicado de prensa al respecto ni de que la Comisión Europea celebrara su victoria. ¿Indiferencia, discreción u ocultamiento deliberado? En todo caso, las 65 horas han servido para que salga a la luz que Bruselas considera ilegal que a la Guardia Civil no se le aplique el límite de las 48 horas.