La UE endurece la supervisión de las sucursales de bancos extranjeros
Los ministros de Economía de la UE pactarán hoy una reforma de la supervisión bancaria que amplía el control de las sucursales de bancos extranjeros. El Banco de España podrá exigir al país de origen información detallada sobre su nivel de solvencia.
La supervisión del sector financiero vivirá hoy en Bruselas el comienzo de su particular revolución. El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) aprobará cuatro proyectos de directiva que afectan directamente al mercado bancario, asegurador y de fondos de inversión.
Entre los cambios más trascendentales figura el reconocimiento de mayores poderes de supervisión sobre las sucursales cuya matriz se encuentre en otro país de la Unión Europea. Ese tipo de oficinas copa, según los datos de la CE, gestiona unos activos de casi 3.000 millones de euros o el 8% del mercado bancario europeo. En España, operan 60 sucursales de bancos de otros países de la UE, con el 7,5% del mercado.
En la actualidad, los supervisores del país de origen de esas sucursales se limitan una información muy somera a las autoridades de los países donde operan. Pero la nueva directiva sobre adecuación de capital bancario ofrecerá al país anfitrión la posibilidad de reclamar información muy detallada al supervisor de la matriz.
El cambio permitirá Banco de España, por ejemplo, controlar a las sucursales extranjeras con el mismo rigor que a los bancos nacionales y a las filiales de entidades de otro país.
Fernando Vargas, director general adjunto de Supervisión del Banco de España, asegura que con esta medida se pretende aumentar la cooperación y comunicación entre los distintos supervisores europeos, algo que ha fallado hasta ahora, según reconocen los bancos centrales y Gobierno europeos.
El objetivo de estas mayores exigencias es 'evitar que los problemas sistémicos que puedan existir en un país se extiendan a otro a través de una sucursal sin que los supervisores tengan medio de comprobar los problemas', explicó Vargas en unas jornadas financieras. Y añadió que ahora 'se podrá comprobar el efecto que puede suponer introducir una norma en el país de origen de la sucursal y su implicación sobre otros con la existencia de entidades transfronterizas'.
Para someter a control a una sucursal, las autoridades del país de acogida deberán explicar por qué consideran significativa su actividad.
La directiva no fija criterios exactos para esa definición. Pero pide que se tome en cuenta si la cuota de mercado de la sucursal excede el 2% o si la suspensión o el cese de sus operaciones tendría un impacto en los sistemas de pago y de compensación y liquidación del Estado de acogida.
La elección de las sucursales sometidas a una vigilancia más estrecha deberá consensuarse entre los supervisores involucrados. Pero si no se ponen de acuerdo en un plazo de cuatro meses, el país de acogida podrá tomar la decisión unilateralmente y el de origen deberá facilitarle la información necesaria para su supervisión. La ley también limita al 25% de los fondos propios la posibilidad de préstamo a un mismo cliente.
Las reforma se ha aprobado a velocidad meteórica (el proyecto original se presentó el 1 de octubre), tanto por el impulso de la presidencia francesa de la UE como por el sentido de urgencia desencadenado por la actual crisis financiera. El Ecofin y los ministros esperan que el Parlamento europeo pueda terminar la tramitación nada más comenzar 2009.
100.000 euros de garantía y 20 días para cobrarlos
No serán tres días como proponía la Comisión Europea, pero tampoco tres meses como establece la directiva actual. El plazo para activar el sistema de garantía de depósitos en caso de que una entidad bancaria no pueda asumir sus compromisos quedará fijado en 20 días hábiles, prorrogables en otros 10, según el proyecto de directiva que respaldarán hoy los ministros de Economía de la UE.El plazo supera al de EE UU. Pero fuentes diplomáticas destacan la seguridad del modelo europeo, aunque sea un poco más lento, frente a la incertidumbre legal del estadounidense, donde a menudo hay pleitos sobre la responsabilidad final del pago.La nueva ley comunitaria fija en 50.000 euros el mínimo garantizado y en 100.000 euros a partir de del 31 de diciembre de 2011. La normativa actual establece un mínimo de 20.000 euros pero la mayoría de países aumentaron ese umbral (España, hasta los 100.000 euros) cuando arreció la crisis financiera.
Las filiales de seguros seguirán bajo el control de la DGS
España y otros 11 países han conseguido que el control de las filiales en el sector asegurador siga a cargo de los supervisores nacionales, en contra de la propuesta inicial de la Comisión Europea. La presidencia francesa de la UE, ante el bloqueo de un grupo de Estados tan numeroso, ha retirado del proyecto de directiva sobre solvencia el articulado que otorgaba los poderes de supervisión a las autoridades del país de origen de la matriz.El cambio hubiera beneficiado a los grandes grupos aseguradores de Reino Unido, Holanda o Francia, que disfrutarían de mayor flexibilidad en la gestión y de un control centralizado en su país de origen. Pero España, entre otros países, se ha negado a aceptarlo por temor a perder el control sobre la solvencia de unas filiales extranjeras que copan buena parte de su mercado asegurador. La CE considera un paso atrás esa renuncia, y confía en que el Parlamento europeo recupere el texto original, aunque parece poco probable.
Más libertad comercial para los fondos de inversión
Los fondos de inversión parecen el único tramo del mercado financiero que se va a librar de la ofensiva reguladora y que, a pesar de la crisis, disfrutarán de mayor libertad comercial dentro la de UE. El Ecofin respaldará hoy un proyecto de directiva que simplifica los trámites para que las gestoras autorizadas en un Estado puedan ofrecer sus productos en todo el mercado comunitario sin necesidad de solicitar un permiso país por país.La nueva ley sólo exige que la gestora comunique a su supervisor nacional la intención de comercializar un fondo en otro país. Los supervisores se pondrán en contacto entre sí para comunicarse la información que consideren relevante, pero el fondo podrá comercializarse sin otros requisitos.Bruselas espera que aumente así la actividad transfronteriza de las gestoras y que los clientes disponga de una oferta más diversificada. Los fondos de inversión cubiertos por la directiva ya movilizaban 6 billones de euros en 2007.