El Tratado de Lisboa, más cerca
El Tratado de Lisboa ha dado esta semana dos imperceptibles pero trascendentales pasos (en Irlanda y la República checa) hacia su entrada en vigor.
El Tribunal constitucional checo ha dictaminado que el nuevo tratado europeo es compatible con la constitución de ese país, lo que deja a los euroescépticos como el presidente, Vaclav Klaus, sin coartada legal para negarse a ratificar el texto.
Más significativo aún ha sido el informe aprobado por el subcomité parlamentario irlandés encargado de buscar una salida a la victoria del No en el referéndum celebrado en la isla el año pasado.
El documento, consensuado por los principales partidos irlandeses, descarta la ratificación del Tratado de Lisboa por vía parlamentaria, pero no ve ningún impedimento legal para una segunda consulta. Y fija las condiciones que podrían llevar esta vez a la victoria del Sí.
Dublín reclama garantías sobre la independencia de su política fiscal, social y militar, así como el derecho permanente a contar con un representante en la Comisión Europea. Los parlamentarios proponen también reformas internas para dotarse de un sistema de control sobre la legislación comunitaria similar al que aplican países como Reino Unido.
El riesgo de no ratificar Lisboa, advierten a sus electores, es que el resto de países adopten algún mecanismo que les permita continuar adelante con las reformas dejando relegada política y económicamente a Irlanda.
Suena a chantaje, tanto a la UE como a los irlandeses, de una clase política inoperante que se dejó derrotar en las urnas por grupos minoritarios y marginales (el Sinn Fein fue el único partido importante que hizo campaña en contra). Pero tanto Bruselas como los votantes irlandeses deben tragar la oferta. Y Dublín debería aprender que no se someten a referéndum cuestiones internacionales en las que se exige al pueblo que vote Sí o Sí.