La Hacienda local, en crisis
La situación de crisis generalizada está afectando gravemente a los ingresos locales. Por lo que respecta a los corrientes o tributarios, se han visto especialmente afectados los vinculados a la actividad inmobiliaria, plusvalía, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), y tasas urbanísticas, principalmente, y en menor medida el resto de impuestos propios, IBI, impuesto sobre vehículos e IAE. A esto hay que añadir que el estancamiento de la construcción repercute de manera notable en la venta de suelo público, ingreso que si bien ha de calificarse de extraordinario, dada la insuficiencia financiera crónica de los ayuntamientos, se ha convertido en una fuente de financiación estructural para muchos municipios.
Además, los ayuntamientos tienen la desventaja de enfrentarse a la crisis con una situación ya de por sí bastante deficitaria. Esto es debido, en gran parte, a que si los municipios gestionan el 13% del gasto público consolidado de todas las Administraciones públicas, tan sólo cuentan con el 9% de los recursos financieros totales. De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, de cada 100 euros de impuestos que pagan los ciudadanos tan sólo 6 euros lo son en concepto de tributos locales, lo que pone de relieve el escaso peso de la fiscalidad municipal dentro del conjunto de ingresos tributarios de las Administraciones públicas.
Por otra parte, existe una creciente demanda de servicios públicos a los ayuntamientos, por tratarse de la Administración más cercana al ciudadano, que éstos se han visto obligados a prestar sin el necesario respaldo financiero, incluso en materias como sanidad, servicios sociales, educación... cuya competencia corresponde al Estado o las comunidades autónomas. Según un estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la suma de estos gastos impropios de las corporaciones locales se puede cifrar en un 30% de sus presupuestos, esto es, unos 7.000 millones de euros. La propia Federación ha propuesto que el Estado financie un tercio de esta cantidad, las comunidades otro tercio, y el resto a cargo de los municipios.
Para resolver esta situación sería necesaria la reforma del sistema de financiación local, tan anunciada por el Gobierno, pero que en estos momentos parece poco probable que se acometa antes de 2010, entre otras razones porque la crisis y las medidas de gasto adoptadas por el Gobierno han hecho que también se resientan las arcas estatales. En realidad no podemos hablar de reforma, sino que, por el contrario, el Estado tiene previsto recortar para 2009 las transferencias anuales a las corporaciones locales. En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales la financiación provisional disminuye un 2,28%, lo que supone 342 millones de euros menos del importe recibido por los ayuntamientos en 2008. Todo esto, sin tener en cuenta la pérdida de financiación real por la evolución del IPC, que se puede estimar en unos 950 millones de euros más de pérdidas.
Además y como colofón, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su reglamento vienen a consagrar un trato discriminatorio en contra de las corporaciones locales, ya que se les impide presentar presupuestos con déficit, medida que resulta necesaria para afrontar el actual contexto económico. Mientras que para el Estado y las comunidades se flexibilizan las exigencias de la ley, a los ayuntamientos se les demanda el rigor propio de los tiempos de bonanza económica.
La FEMP, en un último y desesperado intento por aliviar la crítica situación de las finanzas locales, y rebajando sustancialmente sus pretensiones iniciales, ha elaborado una propuesta de mínimos para 2009 que podríamos resumir en la adopción de tres medidas. En primer lugar, incrementar del 95% al 98% las entregas a cuenta de la financiación que reciben las entidades locales, como ya ocurre con las comunidades autónomas. En segundo lugar, aplicar de forma igualitaria la Ley de Estabilidad Presupuestaria a comunidades autónomas y gobiernos locales. Y por último, adecuar la base imponible del impuesto sobre plusvalía a la realidad del mercado, siguiendo el criterio que se viene aplicando en el resto de tributos estatales y autonómicos que recaen sobre los inmuebles, lo que permitiría mayor coordinación entre Administraciones tributarias y mayor eficacia en la lucha contra el fraude.
Estas medidas son prudentes, austeras y modestas porque los ayuntamientos, a pesar de ser la Cenicienta de las Administraciones territoriales, son conscientes de que la crisis afecta a todos. Al Estado no le supondrían más de 470 millones de euros, que inyectarían la liquidez mínima que precisan las maltrechas Haciendas locales para sobrevivir en tiempos de crisis, misión ya de por sí imposible. Creo que no existen motivos razonables para desatender esta petición de mínimos, sobre todo porque si esta vez también la respuesta es negativa la única solución viable que les quedaría es la de cierre por liquidación.
Rosa Ana Navarro Heras. Gerente de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid