Tribunales

La justicia sueca embarga 141 millones a Boliden por el vertido de Aznalcóllar

La justicia sueca ha admitido la petición de la Junta de Andalucía de que pueda ejecutarse en el país nórdico un embargo cautelar por valor de 141 millones de euros para que la multinacional Boliden haga frente a los costes provocados por la catástrofe medioambiental ocurrida hace una década en Aznalcóllar (Sevilla), en los límites del parque de Doñana.

La Svea Court of Appeal (Tribunal de Apelación sueco) admite así por primera vez en Europa la doctrina del levantamiento del velo esgrimida por la Administración autonómica andaluza para que la empresa Boliden, matriz de la filial española Boliden Apirsa, actualmente en situación concursal, pueda ser embargada de forma cautelar para resarcir los gastos causados al Gobierno andaluz y de España en la reparación de los terrenos afectados por el vertido tóxico.

La propia multinacional Boliden informó ayer en su página web de esta relevante decisión judicial, que resuelve un recurso de apelación de la Junta de Andalucía, que en primera instancia vio desestimada su pretensión. El origen de este embargo se remonta a la resolución de un juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que admitió un requerimiento judicial preliminar contra Boliden para la confiscación de activos por valor de 141 millones de euros, como garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la compañía.

Sin embargo, el tribunal sueco obliga a la Junta de Andalucía a proveer de una caución por el valor del embargo. El Gobierno andaluz, que reclama a la compañía los 90 millones que le costó limpiar la zona del vertido, lleva una década intentando que Boliden pague por este desastre y ya había agotado en España la vía penal y la civil.

El vertido de Aznalcóllar ha sido el peor desastre medioambiental de la historia de España y se produjo al reventar el depósito de residuos piríticos de la mina de Aznalcóllar, provocando el vertido de cinco millones de metros cúbicos de lodos con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados, que contaminaron el entorno natural de Doñana. Boliden, amparándose en que su filial española está quiebra, siempre se ha negado a hacer frente a ningún tipo de indemnización.