Unos trámites más cortos

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha impuesto el loable objetivo de reducir a la mitad -de 766 días (25 meses) a unos 420 días (14 meses)- el tiempo de tramitación de la declaración de impacto ambiental para una gran obra. La medida se incluye dentro del plan propuesto por el Gobierno para rebajar las cargas burocráticas de la Administración y tiene como objetivo acelerar la puesta en marcha de obras públicas para contrarrestar la caída de la construcción residencial. En estos momentos hay 1.600 obras en tramitación por valor de 80.000 millones de euros.

El Ejecutivo argumenta que el proceso se alarga especialmente en el trámite de la elaboración del estudio de impacto ambiental, que deben realizar las empresas a las que acusan de demorar la contestación. Y precisamente es de este paso de donde pretende recortar los plazos, estableciendo seis meses como tiempo máximo para este proceso. Es posible que en algunas ocasiones se pueda producir una cierta dejadez por parte de los promotores a la hora de realizar la tramitación, pero no es creíble que esta actitud sea generalizada; en definitiva, son las empresas las interesadas en llevar a cabo la obra y, por tanto, en acelerar los trámites. En este sentido, resulta paradójico que las patronales con las que está negociando el Ministerio de Medio Ambiente hayan solicitado que se establezcan excepciones en los plazos para determinados casos. Defienden que los seis meses que pretende fijar la Administración para elaborar el estudio de impacto ambiental pueden no ser suficientes para realizar el estudio.

Si el Gobierno realmente quiere reducir los plazos a la mitad, quizá sea imprescindible analizar los propios trámites que se exigen actualmente. Aunque, eso sí, sin que esa revisión implique una merma de las cautelas medioambientales que se establecen en la actualidad. Un equilibrio tan complicado como necesario, y más en una situación de crisis como la que se está atravesando.