Presupuestos para una crisis
Los Presupuestos Generales del Estado para 2009, que ayer presentó en el Congreso el vicepresidente económico, Pedro Solbes, tienen ante sí el gran reto de demostrar su eficacia como instrumento contra la crisis. La incógnita es si efectivamente servirán para ello o, por el contrario, se han diseñado simplemente para capear la crisis. Todo apunta a que se quedan a medio camino, pues va a resultar difícil cuadrar las tres prioridades del Gobierno: austeridad, más gasto social y políticas anticíclicas.
El aumento del 4,5% de la inversión en infraestructuras, aunque positivo, parece insuficiente para reanimar la actividad y contrarrestar la fuerte caída en la construcción residencial. Igualmente, la dotación en investigación, que crece un 6,7%, no acortará por ahora la brecha que separa a España de la media comunitaria de inversión en I+D+i, algo imprescindible para el deseado cambio de modelo productivo hacia uno más competitivo y diversificado. Por tanto, no se cumple la prioridad de incentivar la economía tanto como exige una crisis de esta gravedad.
El gasto social, otra de las prioridades de las cuentas públicas, no tiene gran efecto sobre la actividad, pero es un compromiso plausible del Gobierno que, además de ser de justicia, colabora a una paz social más necesaria en tiempos de crisis. Se trata de un empeño casi personal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha marcado como seña de identidad de su política que el coste de la crisis no recaiga sobre los que tienen menos recursos. Una opción lícita que le diferencia de otras alternativas políticas.
La austeridad, como tercera prioridad, queda limitada por las dos anteriores. El Gobierno podría, sin embargo, haber sido más ambicioso y recortar en partidas de escasa justificación económica o social. La deducción de los 400 euros en el IRPF, por ejemplo, le cuesta al erario 6.000 millones al año, más de una cuarta parte de los fondos destinados a inversión, y su impacto beneficioso sobre la economía está por demostrar. A cambio, el Gobierno ha optado por acudir al déficit. El hecho de que ya asuma un 1,9% de déficit apunta a que Economía puede estar guardando un colchón para que el ejercicio, que se prevé muy difícil, se cierre rozando el tope del 3% del PIB marcado por la UE.
Todo indica que la crisis no va a dar tregua durante gran parte del próximo año, lo que complicará la emisión de deuda pública. La actual situación de la economía obligará al Gobierno a pagar más cara la financiación, con el consiguiente aumento del gasto. Además, someterá a mayor presión al sistema financiero español, que, afortunadamente, sigue al margen del terremoto que viven las entidades de otros países europeos. En este sentido, es un consuelo saber que el Gobierno lleva trabajando 'de forma discreta, prácticamente desde junio del año pasado' en la evolución del sistema financiero, pese a la negación sistemática de la crisis hasta hace poco. Aun así, Solbes reiteró que 'con la información disponible' el sistema español no tiene ningún peligro y garantizó la seguridad de los ahorros. Toda señal de confianza es poca en momentos como éste.