Según la prensa

El Gobierno británico ultima una legislación para intervenir bancos en quiebra

El Gobierno británico está dando los últimos retoques a la nueva legislación que le permitirá intervenir en casos de entidades bancarias en bancarrota. Se espera que al asumir estos poderes se pueda ahorrar la agonía de repetir la atropellada respuesta a casos como el de Norhtern Rock, señala hoy el Telegraph.

Sin embargo, las reformas propuestas apuntan a reducir aún más la confianza de los inversores, con lo que estarán menos dispuestos a contribuir con sus recursos a rescatar bancos. La consecuencia será que el coste para adquirir capital de los bancos británicos se verá incrementada.

La propuestas permitirán a las autoridades tomar el control de un banco que no pueda superar las condiciones propuestas por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) para permitirle operar. Dichas instituciones serán puestas bajo un régimen especial, dando a las autoridades poderes para imponer la venta total o por partes del banco, transferir algunos de sus activos y pasivos a una entidad solvente para una eventual reventa o para tomarlo como una propiedad pública con carácter temporal.

"Hay ocasiones en que todo el mundo acepta que se necesitan medidas radicales en el interés del sistema, pero si se pretende minimizar el impacto negativo de la propuesta, se necesita tener un mayor consenso sobre cuándo dicha intervención es apropiada y mayores garantías de ayuda para aquellos que se vean afectados", señala el periódico británico.

Según la opinión del rotativo, se deberían tener en cuenta cuatro puntos importantes que supondrían: una mayor comprensión de qué constituye actualmente un riesgo sistémico que justifique la intervención, el compromiso de las autoridades de maximizar el valor de la iniciativa del banco en interés de todos los accionistas, la seguridad de que la intervención solo debería llevarse a cabo como última medida (la FSA debería indicar los pasos que ha dado para evitar tomar esta medida), los acuerdos de indemnización deberían ser más equitativos, para lo que debería haber un tasador independiente del Gobierno.

"Todas estas propuestas están siendo 'metidas a empujones' con una prisa impropia. No sabemos exactamente cómo operarán las autoridades en el régimen de resolución especial. Se supone que deberían estar diseñando una guía, pero tan lejos que no ha habido ninguna consulta sobre esto, y el Diablo siempre está en el detalle", concluye el rotativo británico.