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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El 'sudoku' tenía más casillas

El poliédrico debate sobre la financiación está mostrando estos días una de sus caras ocultas: la participación de los ayuntamientos en el sistema. Hasta el momento, la discusión, tanto técnica como política, se había circunscrito casi exclusivamente al ámbito de las comunidades autónomas. No obstante, varias grandes ciudades, capitaneadas por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han levantado la mano pidiendo su turno en el debate, ante el temor de convertirse, de nuevo, en las grandes perdedoras en el reparto de los recursos de las Administraciones públicas.

El argumento central de las grandes ciudades es que están haciendo frente a gastos que no le corresponden, por el simple hecho de estar en la primera línea de fuego de las demandas de la sociedad. La llegada masiva de inmigrantes, los propios efectos de la década y media de bonanza económica en España o el afán de subirse al carro de la modernidad han acentuado esas necesidades.

Al otro lado de la mesa, el Gobierno central siempre ha sostenido que es vital el control de las cuentas públicas y ha diseñado un plan de objetivos para garantizar su estabilidad. Unas metas que en algunos casos, como el de Madrid y sus fuertes inversiones en infraestructuras, se han rebasado con creces.

Este debate se produce, además, en medio de una crisis económica galopante, con unos ingresos menguantes para ayuntamientos, comunidades y Estado central, y con el proceso de negociación del nuevo sistema de financiación autonómica como telón de fondo.

Es decir, que el Gobierno, y sobre todo su responsable económico, Pedro Solbes, se ha encontrado con que el sudoku envenenado del sistema de financiación tiene, en realidad, varias casillas más que cuadrar. Ante esta compleja situación, la lógica dicta la necesidad imperiosa de impulsar un gran pacto político que arroje un sistema duradero en el que fluyan con agilidad los recursos entre Estado central, comunidades y ayuntamientos. Está en juego el modelo de sociedad española de las próximas décadas.

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