Las deudas del sector inmobiliario absorben un tercio de sus ingresos
De cada tres euros facturados por las principales inmobiliarias del país durante el primer semestre del año, uno acabó en la caja de alguna entidad financiera en pago por los intereses derivados de los préstamos concedidos por éstas a las empresas del sector. En total, las promotoras gastaron hasta el mes de junio casi 700 millones de euros por este concepto.
Cuadrar las cuentas se ha convertido en una misión casi utópica para la común de las inmobiliarias españolas. Agobiadas por un volumen de deuda financiera cercano a los 26.000 millones de euros, las promotoras están teniendo serias dificultades para aligerar esta pesada carga por el doble impacto del parón de ventas y, por tanto, de ingresos; y el incremento de los gastos financieros derivados del aumento de la deuda y de la subida de los tipos de interés.
El balance a mitad de año presentado por las principales inmobiliarias del país a la Comisión Nacional del Mercado de Valores muestra que, entre enero y junio, uno de cada tres euros ingresados por las compañías del sector fue transferido a entidades financieras para hacer frente al pago de los compromisos derivados de los préstamos suscritos con ellas.
A este fin se destinaron 695,5 millones de euros, lo que supone prácticamente un 30% de los 2.353 millones facturados en ese mismo periodo por las siete principales promotoras del país (Reyal Urbis, Colonial, Afirma, Metrovacesa, Renta Corporación, Parquesol y Realia). De todas ellas, Inmobiliaria Colonial es la que tiene un problema más serio con el servicio de la deuda. Según la documentación presentada a la CNMV, sus gastos financieros en el primer semestre del año ascendieron a 240,5 millones de euros tras incrementarse un 51,8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos totales fueron de 270,4 millones.
Pocos recursos, muchas necesidades
Esos escasos 30 millones de diferencia entre la facturación de Colonial y los recursos que necesita para pagar los intereses de la deuda identifican un problema que afecta a todo el sector.
Las deudas contraídas en préstamos y créditos generan unas obligaciones financieras a las que las promotoras apenas pueden hacer frente con los ingresos que proporciona un mercado en franca recesión y unos activos cada vez más devaluados. Una situación que hace aún más complicada la reducción de la deuda principal.
Así se aprecia en los datos proporcionados por las promotoras a la CNMV. Si a 31 de diciembre de 2007 la deuda financiera neta de las principales inmobiliarias del país ascendía a 26.087 millones de euros, seis meses después la política de contención de inversiones y venta masiva de activos puesta en práctica por las sociedades del sector apenas ha servido para llevar esta cifra hasta 25.826 millones.
Sólo Reyal Urbis puede presumir de haber recortado significativamente sus deudas en el transcurso de este año. La inmobiliaria que preside Rafael Santamaría ha logrado reducir su endeudamiento financiero de 6.045 millones a 4.725 en sólo ocho meses. Lo que no ha impedido que haya tenido que gastar 191 millones de euros en abonar intereses y otros compromisos adquiridos para el servicio de ésta.
Renta Corporación también ha logrado reducirla en 70 millones.
Por contra, Parquesol, Realia, Colonial, Afirma y Metrovacesa han visto cómo su pasivo financiero se incrementaba significativamente.
Reyal y Colonial, a la espera
La incertidumbre marca el futuro de Reyal Urbis y Colonial. A la primera le espera a la vuelta de la esquina un vencimiento anticipado de deuda por valor de 3.000 millones de euros, que trata de evitar a toda costa mediante un acuerdo que le permita diferir los pagos comprometidos.Fuentes de la inmobiliaria confiaban ayer en alcanzar un acuerdo con sus acreedores en este sentido este mes de septiembre, con el apoyo de su principal valedor y financiador, Banesto.Colonial lleva igualmente varios días anunciando un pacto inminente para refinanciar los 8.991 millones de euros de deuda que acumula a día de hoy. La compañía da por cerrado un acuerdo, aún informal, para diferir el pago de 6.120 millones de euros, que vencían antes de final de año. Y ayer filtró la casi segura firma de un acuerdo con el Banco Popular y La Caixa para suavizar los plazos de pago de otros 2.000 millones.