Cuando el PIB frena y la inflación acelera
Se llama estanflación y tiene mal arreglo. Cuando se congela el crecimiento económico y convive con un periodo de fuerte avance de los precios, las soluciones ortodoxas de política económica para recuperar la actividad suelen resultar ineficaces. Pero si, como en parte pasa en España, la debilidad del crecimiento está provocada por el avance desmesurado de precios, el problema es aún más serio. El IPC avanza a tasas del 5,3%, desconocidas desde 1992. Y Estadística confirmará hoy que la economía está estancada, con serio riesgo de recesión, y de ellos es corresponsable una inflación fuera de control que ha recortado la renta real de los asalariados por vez primera desde 1993 y que ha metido el pesimismo en el cuerpo a la gente que moviliza la demanda interna, que, es, a fin de cuentas, la rueda motriz de la economía.
Las soluciones ortodoxas para combatir la estanflación son poco eficaces, porque se limitan a las manejadas por la autoridad monetaria, en este caso el BCE. El arma tradicional para bajar la inflación, ni más ni menos que restringir la oferta monetaria con una subida de los tipos de interés, ahora choca con la contraindicación de que reduce la demanda de inversión y consumo cuando está bajo mínimos. Es ahora cuando la reiterada ayuda que reclama el BCE a los Gobiernos es más necesaria para estabilizar las variables malditas de la economía, sobre todo la inflación.
Y el Gobierno español debe ser en esto muy receptivo a la petición si no quiere que la contabilización de daños de la crisis se extienda más de la cuenta. Hoy, el Consejo de Ministros escenificará la puesta en marcha de una serie de medidas ya anunciadas hace semanas para incentivar el crecimiento, aunque no tendrán un efecto inmediato sobre él, porque cuando la crisis aflora diez años de excesos de los agentes privados, el arreglo no surge en diez semanas.
El Gobierno debe planificar, negociar y ejecutar reformas para complementar lo que el BCE no puede hacer, máxime cuando sus decisiones miran por el futuro de 400 millones de personas, y no sólo por el de 45 millones. Los males que aquejan a la economía española precisan reformas estructurales, y no planes de choque coyunturales, que sólo tienen un efecto psicológico sobre los agentes económicos si logran transmitir el mensaje de que después vendrán soluciones reales a las raíces de los problemas. Sólo la falta de crédito a los miles de pequeños proyectos empresariales solventes debe ser atendida y combatida con urgencia.
La economía precisa una cadena de reformas de los mercados para que, cuando los excesos hayan sido purgados, encuentre una senda de crecimiento potencial más elevado y sin tensiones de precios. La estanflación sólo se combate con competencia y flexibilidad en los mercados de generación y distribución de bienes y servicios. En ello debe empeñarse el Ejecutivo. Mercado laboral y salarial, modelo energético, sistema educativo secundario y universitario, fiscalidad empresarial, pensiones, unidad de mercado, comunicaciones y telecomunicaciones, agua, vivienda. Todo es mejorable para ponerlo a disposición de un crecimiento pujante y equilibrado del PIB y del empleo tras la crisis. Y todo será más fácil si un pacto nacional de control de precios y costes allana el camino.
