La CNMV estudia llevar al juez a los implicados en el 'caso Blueprime'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió ayer un comunicado en el que asegura que una vez analizada la información requerida a Blueprime, la presunta compradora del 20% del Popular valorará si exige responsabilidad administrativa o 'eventualmente penal' a los sujetos implicados'.

La Comisión decidió ayer pronunciarse sobre la sociedad inversora Blueprime, de origen supuestamente mexicano, que presuntamente iba a comprar un 20% del capital del Banco Popular, según el promotor inmobiliario Trinitario Casanova. El regulador de los mercados financieros ha asegurado que tras 'realizar diversos requerimientos a las entidades y personas mencionadas en las informaciones aparecidas sobre esta operación, no resulta acreditada la existencia de un grupo de inversores alguno con un interés contrastado en la adquisición de una participación en Banco Popular'.

En este sentido, la CNMV admite haber ampliado el espectro de su investigación a terceros países, solicitando la colaboración de autoridades supervisoras de algunos de las supuestas nacionalidades de los inversores con objeto de esclarecer las vinculaciones referidas de personas y entidades en relación este caso.

El supervisor de los mercados financieros españoles agrega que como resultado de los requerimientos efectuados a las sociedad Blueprime, 'se ha constatado la ausencia tanto de financiación como del asesoramiento necesarios para realizar la transacción anunciada'.

Por lo tanto, justifica que ante esta situación valorará si las conductas llevadas a cabo por los distintos sujetos implicados 'podrían dar lugar a responsabilidades administrativas o eventualmente penales'. Y concluye que no descarta 'proceder, en su caso, a actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico'.

Por la vía administrativa, la sanción que tendrían que asumir los titulares de Blueprime podría ser 'muy grave', aunque la Comisión no se ha pronunciado en este sentido. De hecho, uno de los capítulos en los que se recoge este tipo de infracciones señala que 'el incumplimiento de los requerimientos de la CNMV así como el suministro de datos inexactos o no veraces, o la aportación a la misma de información engañosa o que omita maliciosamente aspectos o datos relevantes', puede ser considerado de máxima gravedad.

Por lo tanto, la multa podría ascender al mayor de los supuestos: el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción; o el 5% de los recursos propios de la sociedad, el 5% de los fondos totales ó 600.000 euros. También se contempla la suspensión de actividades que pueda realizar el infractor durante cinco años, así como la revocación de licencia a las sociedades de servicios de inversión.

Este podría ser el caso, ya que cuando el empresario murciano, Trinitario Casanova, anunció que estaba estudiando vender la participación que tenía en Popular, del 3% aproximadamente, dijo que se trataba de un fondo de inversión de una sociedad de inversores mexicanos. Al final, Casanova vendió a la sociedad Delfos 2000, controlada por el promotor José Ramón Carabante, el 1% que le restaba.

Banco Popular ha pasado de cotizar a 12,18 euros, su máximo anual alcanzado el 2 de marzo, a 6,90 euros al cierre de ayer.