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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Equilibrio para la financiación

El Ministerio de Economía y Hacienda ha acelerado la búsqueda de un acuerdo sobre la financiación autonómica, condicionado por el ultimátum que el calendario establece para el acuerdo bilateral en la materia entre el Estado y Cataluña, que en ningún caso puede superar el 9 de agosto. Tras la publicación de las balanzas fiscales, que reflejan lo que era de dominio público (que Madrid, Baleares y Cataluña, y por este orden, son los contribuyentes netos que más aportan, y que Extremadura, Galicia y Asturias los receptores netos que más reciben), ayer puso sobre la mesa las líneas maestras del nuevo modelo para discutirlo con las comunidades.

Las propuestas iniciales de Hacienda, huérfanas de las cifras que le proporcionen la auténtica valoración, buscan el equilibrio entre los principios básicos recogidos por el Estatuto catalán y las aspiraciones expresadas por el resto de las regiones. Cede hasta un 50% del impuesto sobre la renta, especiales e IVA; pone límites a la solidaridad, aunque amplía el abanico de los servicios básicos de la sanidad, la educación y los servicios sociales a la justicia; tiene en cuenta el esfuerzo fiscal de cada comunidad en las actualizaciones del modelo en sucesivos ejercicios, y el Estado, una vez más, pone un nuevo fondo a disposición de las comunidades más pobres para culminar la nivelación. Esta aportación adicional, no cuantificada, es la carta política que Solbes guarda en su manga para arrastrar a las comunidades más pobres, receptoras netas tradicionales, al consenso.

Si los números que se pongan sobre la mesa permiten cerrar un acuerdo en el que se recojan, con cesiones de todos, las aspiraciones de cada región, debería darse por concluido el modelo, una vez ajustada la financiación a las transferencias y una vez exigida la plena corresponsabilidad fiscal a quienes deciden cuánto dinero gastan. Dar pasos adicionales que consoliden un Estado federal, tal como pretenden los nacionalistas, sólo tiene sentido si un pacto entre los dos grandes partidos políticos así lo consagra.

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