La eterna pesadilla de Aerolíneas Argentinas
Marsans parece decidida a tirar la toalla, tras seis años de conflictos en la empresa.
Es probable, como aseguran algunos veteranos, que la compañía aérea de bandera argentina tuviera en tiempos remotos algún minuto de gloria, de buen servicio, de números negros. De lo que no hay duda es que, desde que en 1991 Aerolíneas Argentinas fue comprada por el Estado español, a través de Iberia y de los antecedentes (INI y Teneo) del actual holding de empresas públicas SEPI, para pasar por fin a manos del grupo privado Marsans en 2001, no ha dado a sus dueños un solo instante de satisfacción; todo han sido conflictos y sobre todo pérdidas.
Por enésima vez en dos décadas la crisis ha vuelto a estallar con los protagonistas de siempre: los trabajadores de la compañía, el gobierno argentino y 'los dueños españoles'.
Desde el miércoles pesa sobre Aerolíneas Argentinas la amenaza de la reestatalización. Un magistrado convocó ayer a todas las partes implicadas y, como consecuencia de esta iniciativa, la intervención judicial podría ser un hecho en horas o en días. Otro asunto será que se pueda llevar adelante a corto plazo el propósito de arrebatar la propiedad de manos del grupo Marsans.
En esta ocasión la amenaza de reestatalización se justifica porque los empleados de Aerolíneas no han cobrado la nómina del mes de junio. Los sindicatos de la compañía y representantes del ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner llegaron el miércoles a un acuerdo para que la plantilla desista de realizar paros y protestas durante dos meses. Entienden las partes que, una vez consumido este tiempo, Aerolíneas habrá vuelto a propiedad de manos argentinas.
Del lado español, personas relacionadas con el grupo Marsans aseguran que sus dueños se encuentran a la expectativa de las noticias que puedan llegar de Buenos Aires en las próximas horas. A diferencia de la actitud que adoptaron en tantas otras crisis anteriores, ahora Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz han decidido permanecer en España y no han corrido a parar el golpe a los despachos de la Casa Rosada.
Marsans argumenta que el actual episodio se produce porque el Gobierno argentino 'ha incumplido los compromisos pactados' en marzo para llevar adelante un plan que tenía como objetivo la 'argentinización de Aerolíneas'.
Cristina Fernández de Kirchner, según opinan las fuentes del grupo turístico español, no ha aprobado la subida de las tarifas aéreas domésticas reguladas tal como prometió hace tres meses, a pesar de la escalada de los precios de los carburantes.
Se quejan de que tampoco se han iniciado los trabajos para determinar la valoración patrimonial de la compañía aérea con el fin de proceder al cambio accionarial que haría pasar al Estado argentino de controlar el 5% a dominar el 30% de las acciones, y por el que se debía dar entrada a un inversor privado local.
Por último denuncian que la Casa Rosada no asume su responsabilidad como propietario a la hora de abonar las nóminas de la plantilla.
En medio de este maremagno de acontecimientos que se repiten, tal vez dos hechos puedan cambiar definitivamente el rumbo que ha marcado esta pesadilla larga y costosa durante las dos últimas décadas.
La primera de ellas es que el Estado español, sin renunciar a maniobrar para que el contencioso de Aerolíneas no enturbie sus relaciones con los Kirchner, tiene decidido que no volverá a enterrar, por vía directa o indirecta, un euro más en la ruinosa compañía.
El segundo hecho diferencial radica en que los dueños de Marsans, tras seis años de intentar sacar adelante el proyecto, parecen haber decidido tirar la toalla. Tampoco ellos están ahora en condiciones de enfrentarse a los números rojos crónicos en los que está atrapada Aerolíneas Argentinas, entre otras razones porque ya han perdido en el empeño las abultadas cantidades de dinero que la SEPI les dio cuando en octubre de 2001 asumieron como propia la patata caliente con la que se venía abrasando el holding público.
En este marco, la reestatalización con la que amenaza Cristina Fernández de Kirchner puede sonar como la menos mala de las alternativas para los intereses españoles. Ello al margen de que la batalla judicial posterior pueda devenir en un incomodo contencioso diplomático de consecuencias imprevisibles.
En el supuesto de que la reestatalización de Aerolíneas se produzca, está aun por ver que el gobierno de Buenos Aires invierta un sólo peso en mantener con vida a su compañía de bandera. La negativa de la parte argentina a asumir las inversiones proporcionales al capital que ha retenido en la empresa, es una de las constantes que ha envenenado la tortuosa aventura española en la aviación civil del país austral.
Siempre que Aerolíneas Argentinas retorna a la actualidad conviene recordar que el verdadero pagano en esta larga y desgraciada historia ha sido el contribuyente español. Según informaciones ofrecidas en su día en sede parlamentaria, la empresa estatal SEPI ha enterrado en la compañía aérea desde 1991 una cantidad astronómica de dinero público que asciende a 2.600 millones de euros. Los primeros 1.800 corresponden a la etapa en que Iberia y la SEPI controlaron directamente su gestión entre 1991 y 2001. Tras la venta de la empresa a Marsans en 2001, el holding público entregó a sus dueños 803 millones de euros.
Al hilo de los acontecimientos, no estaría de más que algún responsable público rindiera cuentas y demostrara al contribuyente español que, aunque tal fortuna no ha servido para salvar Aerolíneas, al menos fue gastada de manera honesta.