El apoyo de la financiación pública a las empresas
El Instituto de Crédito Oficial ha seguido todos los avatares de la profunda transformación vivida por el sistema financiero español en los últimos 40 años. En el momento de su creación, con la histórica ley de 1971, su principal misión consistía en proporcionar recursos financieros a medio y largo plazo a determinados sectores de la economía española. En la práctica, eran los responsables económicos los que definían los sectores que se consideraban estratégicos en cada momento y, al no tener mayores cortapisas operativas, se acabó por generalizar su actividad a todos aquellos sectores que precisaran algún tipo de apoyo por parte del sector público en un marco mucho más intervenido por los poderes públicos.
La aguda crisis industrial, iniciada en la segunda mitad de los setenta, supuso un escenario de tensión y singulares dificultades para una sociedad que estrenaba reglas democráticas y precisaba, por encima de todo, una estabilidad de sus instituciones. No resulta extraño que se utilizara a la banca pública para ganar tiempo y tratar de apuntalar los sectores que precisaban un cierto apoyo institucional. En definitiva, se trataba de proporcionar recursos financieros en condiciones ventajosas a determinados sectores especialmente afectados por la crisis, con el objetivo de reforzar el tejido empresarial español y facilitarles un ajuste menos traumático y doloroso, pero en cualquier caso inevitable.
Ese escenario cambió radicalmente con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE y la aceptación de las reglas del juego asumidas por los países integrantes en todos los campos y, en especial, en la economía. Los mecanismos de financiación del ICO y su papel en un mercado más abierto y competitivo cambiaron hacia posiciones y prácticas más ortodoxas, evitando tanto el acceso a financiación a precios por debajo de los establecidos por el mercado, como la utilización de los mismos para apoyar determinadas opciones o sectores industriales.
En ambos casos, se optaba por la transparencia, la supresión de circuitos privilegiados de financiación y por la desaparición de sectores privilegiados a la hora de recibir ayudas públicas. En 1991 se produjo un nuevo cambio radical en la orientación de la banca pública. En dicho año se inicia el proceso de privatización de las entidades de crédito y el ICO se convierte en Agencia Financiera del Estado y Banco de Desarrollo.
A partir de este momento, el Instituto, guiándose por sus dos principios claros, de subsidiariedad con el sistema bancario y equilibrio financiero, inicia una nueva andadura, de forma que el acceso al crédito pasó a revestir un énfasis más territorial, desde aquel apoyo sectorial ejercido en los años precedentes. En ese momento, las empresas españolas necesitaban, además de aumentar su competitividad, someterse a un proceso de equilibrio interregional, y para ello el ICO adquirió un papel fundamental en las primeras medidas adoptadas al amparo del Programa de Convergencia establecido en el Tratado de Maastricht, fomentando la financiación de actividades productivas en aquellas provincias españolas con una renta per cápita inferior a la media española.
A su vez, con el horizonte marcado por la deseada convergencia, en 1993 se diseña una financiación destinada a reforzar este necesitado crecimiento, que determina el nacimiento de la ahora veterana y exitosa línea ICO-Pyme. Han sido muchas las empresas surgidas, consolidadas y fortalecidas al amparo de esta financiación, y muchos los puestos de trabajo aportados a la sociedad. Todo ello favoreció un crecimiento económico sin igual en nuestro escenario europeo y ubicó al tejido empresarial español en una situación envidiablemente competitiva.
En el nuevo milenio, una parte significativa de la convergencia ya conseguida y con la moneda única puesta en circulación en 2002, la sociedad española se integró en un área monetaria que favorecería y protegería nuestra estabilidad económica. Es en este momento, y principalmente a partir de 2005, cuando el ICO potencia su actividad crediticia reforzando su papel institucional como suministrador de recursos a medio y largo plazo, en claro apoyo de los procesos de inversión del sector real, apostando tanto por el incremento de los préstamos de mediación como de sus operaciones directas y facilitando recursos al proceso de internacionalización de nuestras empresas.
También el ICO, actuando netamente como banco de inversión, ha encontrado su hueco de negocio entre las grandes empresas españolas, convirtiéndonos en su prestamista directo de calidad para los grandes proyectos de inversión, tanto interiores como en el extranjero. Satisface ver desde el ICO que nuestro principio de subsidiariedad del sistema financiero español se cumple con plena satisfacción, propia y de las entidades financieras que lo conforman.
Son muchos los retos que desea asumir la Agencia Financiera del Estado y vendrán determinados por su vocación de instrumento de servicio público, siendo nuestra meta la anticipación a las nuevas necesidades que la sociedad nos demande.
Aurelio Martínez. Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO)