Información comprensible
A principios de curso nos ocupamos de las tarifas eléctricas a propósito de la obligatoriedad impuesta de adaptación a quienes tuvieran contratada una tarifa con discriminación horaria (véase la columna que bajo el título La potencia contratada se publicó en estas páginas de CincoDías el pasado 30 de mayo). La percha periodística para venir sobre esa cuestión vino sugerida a partir de una circular remitida a los usuarios por la Dirección de Redes de la compañía EnelViesgo con fecha 7 de mayo.
El ejercicio propuesto en la columna citada intentaba un análisis textual con el objetivo de desentrañar su significado y concluía reflejando la perplejidad en que se situaba al destinatario de semejante misiva, sometido además a la angustia de una de esas advertencias conminatorias según la cual se decía que 'de no haber recibido notificación alguna al respecto con la suficiente antelación y según Real Decreto 871/2007, con efecto 01/07/2008, nos veremos obligados a aplicar la potencia actualmente disponible como potencia contratada y la tarifa con discriminación horaria'.
Ninguna de las cuestiones planteadas ha merecido respuesta por parte de la compañía EnelViesgo, que tampoco ha sido advertida ni por la Comisión Nacional de Energía ni por las autoridades públicas de ámbito nacional o autonómico acerca del obligado cumplimiento de cuanto prescribe el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (véase Boletín Oficial del Estado del 30 de noviembre de 2007, páginas 49181 a 49215).
En especial cuanto se dispone en el libro primero de Disposiciones generales; título I, del Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios; capítulo IV, del Derecho a la información, formación y educación, artículos 17 y 18.
A tenor de los mismos, 'los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán que los consumidores y usuarios dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado'.
Además se dispone que 'los medios de comunicación social de titularidad pública dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores y usuarios'. Iniciativa de la que en absoluto tenemos noticia. Ni en RTVE ni en las cadenas de radio y televisión de ámbito autonómico se conocen programas donde se hayan analizado estas circulares de las compañías eléctricas que afectan a la totalidad de la población porque, como quedó claro en la reiterada columna del 30 de mayo, 'la vida que vivimos es inimaginable sin la electricidad, una especie de panteísmo en el que nos movemos y somos'.
Como respuesta me escribía un buen amigo, que ocupa una posición de máxima relevancia en la que se considera compañía líder del sector, que 'el problema es que un ámbito tan sensible y al mismo tiempo tan complicado como el eléctrico -¡casi más que las normas sobre adaptación de las tarifas que con tanta razón criticas!- es un escaparate perfecto para que los políticos, de uno y otro lado, se presenten ante sus electores como los mejores guardianes de los consumidores ante la voracidad de las grandes empresas'.
Pero, tampoco. Porque para que los políticos pudieran presentarse como auténticos guardianes, primero deberían ejercer el poder que tienen y garantizar que reciben una información comprensible. Como escribe Gerog Christoph Lichtenberg, 'entender unas ideas o una circular no es una razón para considerarlas verdaderas, aunque el gusto de entender una teoría o una circular sumamente abstracta y oscura lleve a algunos a pensar que ya está demostrada'.
En nuestro caso -el de la comunicación de EnelViesgo- ni siquiera podemos acceder a su inteligibilidad, cuanto menos a considerar demostrado lo que nos propone. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? ¿Podría intervenir la Real Academia invocada por la ministra de Igualdad para un caso de mucha menor cuantía?
Miguel Ángel Aguilar. Periodista