Expedientes bajo sospecha
La huelga de los transportistas ha generado hasta ahora un monumental atasco de las principales vías de comunicación terrestre, señalados conflictos de orden público cortados de raíz por la policía y la Guardia Civil, desabastecimiento puntual de mercados finales y algún desajuste en la cadena productiva de algunas industrias. Pero a juzgar por los anuncios de una docena de empresas manufactureras, automovilísticas especialmente, da la impresión de que el conflicto ha quebrado de forma irreparable a la industria. Es difícil de cuantificar la pérdida de un conflicto que afecta horizontalmente a toda la actividad, desde la industria a los servicios, aunque de forma muy desigual. Cuando el INE revele los datos del segundo trimestre, habrá una idea aproximada.
Se han producido pérdidas de bienes perecederos, como los alimentos frescos; pero lo que parece exagerado es que con sólo tres jornadas de paro se haya estrangulado el sistema productivo de actividades tan variadas como las cadenas automovilísticas de montaje, las empresas de electrónica de consumo o la transformación alimenticia. No obstante, media docena de sociedades de un tamaño considerable han anunciado su intención de presentar expedientes de regulación temporal de empleo para enjugar las pérdidas ocasionadas con el cierre patronal de los transportistas.
El Gobierno, con buen criterio, ha alertado de que no puede utilizarse la huelga como un atenuante, como una excusa económica ocasional, para resolver crisis puntuales de las empresas. El sector del automóvil atraviesa un notable recorte de ventas, y ya ha logrado, tras retóricas presiones, que se rescaten las ayudas financieras por la renovación del parque automovilístico. ¿No será ésta la auténtica razón de los expedientes que han planteado varias empresas? Es histórica la sospecha sobre el uso abusivo de la regulación temporal de empleo, hasta el punto de que varios Gobiernos han manejado la posibilidad de elevar las cuotas por desempleo de un sector que utiliza el recurso a los fondos públicos para aliviar la cuenta de resultados.