Canarias reclama 1.200 millones
El presidente canario exige que la insularidad cuente para el sistema de financiación
Canarias, lejana de la península, sí quiere estar cerca de los focos en el debate de financiación autonómica. Ayer, Paulino Rivero, presidente de la comunidad, se sumó a las reclamaciones territoriales en la negociación sobre el nuevo modelo de reparto fiscal y demandó a la Administración central el reconocimiento de una deuda de 1.200 millones de euros.
El marco elegido para la reclamación fue el Foro CincoDías en Las Palmas de Gran Canaria, organizado en colaboración con Banco Santander con motivo del 30 aniversario del periódico. Ante un nutrido grupo de empresarios, representantes institucionales y académicos del archipiélago, Rivero (Coalición Canaria) señaló que la 'cohesión del Estado pasa por una revisión justa y solidaria del sistema de financiación'.
Los 1.200 millones de euros que reclama el Ejecutivo insular se adeudan por tres conceptos. El aumento poblacional que repercute en 500 millones de euros, sobre todo en los servicios sanitarios. Además, el Régimen Económico y Fiscal canario obliga al Ejecutivo central a equiparar al archipiélago en inversiones media per cápita de todo el Estado (otros 400 millones). Los restantes 300 millones, según el Ejecutivo de Coalición Canaria y PP, los adeuda el departamento de Solbes del extinto Impuesto sobre el Tráfico de Empresas.
'Nosotros queremos una negociación multilateral', aclara el dirigente canario
Pero no todas las voces están de acuerdo con el presidente. Antes de que Rivero cuantificara el adeudo y en la víspera del foro, el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, tildó la deuda como 'imaginaria e inventada' y aseguró que el Estado no le debe nada a Canarias, aunque defendió la necesidad de obtener más recursos para el archipiélago en concepto de insularidad. 'No estamos por la claudicación, por arrodillarnos', le contestó ayer el presidente.
La deuda canaria no es, sin embargo, un motivo suficiente como para boicotear un nuevo modelo de financiación. El Gobierno insular quiere poner especial énfasis en que la solidaridad entre territorios acepte la insularidad e incluya 'la necesidad de atender al más alejado'. Además el Gobierno de coalición pide un trato diferenciado por parte de la Administración en Madrid, igual que lo hace el régimen especial otorgado por la UE.
'No va a ser una negociación fácil porque los intereses de las comunidades autónomas están enfrentados', reconoció el presidente canario. El pasado martes, los consejeros de Economía y Hacienda autonómicos se reunieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda. Cataluña quiere cerrar antes de agosto un nuevo sistema que establezca un limite a la solidaridad entre territorios, así que fue una primera toma de contacto y, sobre todo, un momento para escenificar los desacuerdos.
Para Rivero, por un lado, 'se sitúan Cataluña y Andalucía que quieren negociar bilateralmente según reconocen sus Estatutos', y País Vasco y Navarra (con su propio modelo). Por el otro, están 'las más beneficiadas con el sistema actual, que son las comunidades socialistas más pobres'. A ello se suma las peticiones de Madrid y Valencia, ambas del PP, para que se revise el criterio poblacional, por el crecimiento demográfico desde que se pactó el actual sistema en 1999 con un gobierno del PP.
'Nosotros queremos una negociación multilateral', confirmó Rivero, 'que tenga como eje principal la población Canarias ha crecido hasta los 2,025 millones de habitantes en la última década, además del hándicap de la insularidad y de la lejanía' y otros conceptos como el envejecimiento de la población. Igual que el pasado martes lo hiciera su consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria (PP), el presidente ofrece un margen para el acuerdo: 'Solbes es un señor solvente, responsable y sensato. Confiamos en su trabajo, pero no va a ser nada sencillo'.