Deuda municipal

EE UU da un respiro a las ciudades endeudadas

El Supremo mantiene la excepción fiscal de los bonos.

George y Catherine Davis, un matrimonio de Kentucky, han puesto a los bonos municipales contra las cuerdas. Y no es algo que este mercado, que mueve unos 2,5 billones de dólares (1,6 billones de euros), necesite cuando aún colea la crisis de las aseguradoras de este tipo de títulos llamados munis. No obstante, para tranquilidad de los tesoreros municipales las quejas de este matrimonio no han calado en el Tribunal Supremo.

Los Davis se vieron ante la más alta instancia judicial al denunciar que si bien estaban exentos de pagar impuestos en los intereses de los munis, emitidos por las entidades municipales de Kentucky, sí tenían que declarar a la hacienda los intereses de los de otros estados. Y eso, a decir de su abogado, contraviene las cláusulas de comercio de la Constitución de EE UU que prohíbe que los estados hagan discriminaciones en sus relaciones comerciales entre ellos. El caso llegó ante el Supremo en 2007 y el lunes se dio a conocer una sentencia en la que siete de los nueve jueces consideran que los Davis no tienen razón, por lo que el sistema se puede mantener como ha estado en los últimos 90 años.

En las administraciones locales y agencias, que emiten esos bonos para financiar hospitales, colegios, carreteras o museos, la decisión de los magistrados es todo un alivio porque de otra manera habrían tenido que optar por retirar la excepción fiscal local, y por tanto eliminar uno de los atractivos de estos bonos, o ampliarla a todos los inversores, algo que supondría un coste muy elevado para el emisor. Esta última podría haber sido la elección obligada porque en muchos estados, sus propias constituciones obligan a mantener la excepción fiscal. Los 42 estados emisores de munis defendieron la posición de Kentucky frente a los Davis.

Las revueltas fiscales, como la protagonizada por los Davis están en el origen mismo de la historia de EE UU como país independiente pero el Supremo no se ha sentido movido por ello.

La mayoría de los magistrados creen que mantener esta peculiaridad fiscal no afecta al comercio interestatal, no es proteccionista ni discrimina porque todos los emisores de este tipo de deuda tratan por igual a los inversores. Además, esta Corte explica que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de proteger el bienestar de los ciudadanos y este esquema fiscal permite 'esta función tradicional del gobierno' y no favorece a intereses privados de empresa.

Los emisores respiran algo más aliviados desde el lunes.

Un mercado de aguas revueltas

El mercado de los munis ha sido uno de los más favorecidos por los inversores más conservadores, precisamente por que la excepción fiscal les hacía muy atractivos. Pero la crisis crediticia ha llevado a esta deuda hasta aguas revueltas.

Los munis son estables, raramente hay insolvencias, pero pese a ello (y para disgusto de muchos inversores) en los últimos años se han asegurado. Los expertos dicen que no es necesario y además con esta protección se corre el riesgo de estar a merced de lo que ocurra a las aseguradoras. Es lo que pasa ahora. Las aseguradoras están bajo lupa de las agencias de rating por sus negocios hipotecarios y si pierden la máxima calificación, los bonos que aseguran también lo harán. Los inversores están en la barrera esperando a que el riesgo desaparezca.