La UE quiere imponer concursos adicionales si varía el precio de una obra

España defiende el sistema actual que prevé subidas sin otro contrato

El sector constructor se enfrenta en estos momentos a varios retos cruciales. Por un lado a la crisis de actividad que afecta al mercado inmobiliario y amenaza con contagiar a otros subsectores, y, por otro, a un cambio de regulación trascendental, ya que hoy 30 de abril entra en vigor la nueva ley de contratos públicos.

En unas jornadas celebradas ayer en Madrid por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el vocal asesor de la Dirección General de Patrimonio del Estado, Bernardino Pérez, admitió además que el Gobierno español sigue litigando con la Comisión Europea sobre las bajas y las modificaciones de presupuesto que éstas provocan.

Desde Bruselas se está presionando al Ejecutivo español para que reforme la legislación vigente y cada vez que una obra en curso modifique la cuantía de su coste sea necesario convocar otro concurso público de obra complementaria, como ya ocurre en la mayoría de países europeos, explicaron fuentes del sector.

Sin embargo, la normativa española ampara estas prácticas como legales y el Gobierno no prevé cambiarla. 'Estamos dispuestos a llegar hasta el final porque esa situación es una potestad que tienen nuestras empresas adjudicatarias a la que no se puede renunciar', espetó Bernardino Pérez.

En España lo habitual es que las empresas que concurren a un concurso público de obras pujen para adjudicarse el proyecto a un precio muy inferior al presupuesto de licitación, son las conocidas como bajas temerarias.

Después, durante los trabajos de construcción también es bastante frecuente que buena parte de esa baja pueda recuperarse realizando los llamados 'modificados'. La Comisión argumenta que estas prácticas atentan contra la normativa comunitaria, por lo que exige su supresión.