La CE acusa a España de blindar el sector energético
La abogada del Estado español, Nuria Díaz Abad, y el representante del servicio jurídico de la Comisión Europea, Ramón Vidal Puig, defendieron ayer ante el Tribunal de Justicia europeo sus tesis contradictorias sobre la reforma de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobada en España en 2006.
Bruselas sostuvo durante la vista oral celebrada en Luxemburgo que la ampliación de las competencias de la CNE se debió, sobre todo, a la intención del Gobierno de frenar la opa de Eon por Endesa. Para el representante de la Comisión Europea, España quería evitar que una empresa española se convirtiese en mera filial del gigante energético alemán. 'Pero ese riesgo es inherente al mercado interior', señaló Vidal Puig durante el juicio, según recoge la agencia Efe.
La defensa española recordó al juez que la opa de Eon fracasó 'porque los accionistas no la aceptaron'. Y precisó que el sistema de autorización previa de las inversiones en el sector energético español ya existía. El real-decreto ley aprobado en febrero de 2006 se limitó a extender el ámbito de aplicación de esa obligación.
Díaz Abad atribuyó esos nuevos poderes de la CNE a 'razones imperiosas de interés general', entre las que mencionó 'la necesidad de asegurar el suministro energético'.
Para la Comisión Europea, según el informe para la vista elaborado por el juez búlgaro Alexander Arabadjiev, 'el medio más adecuado para garantizar la seguridad del suministro sería establecer una planificación apropiada y medidas reglamentarias no discriminatorias que impusieran obligaciones positivas a las empresas del sector energético'. Bruselas cree que la legislación comunitaria y el derecho español que la desarrolla ya dispone de esos mecanismos.
España admite, según el informe para la vista, que esos mecanismos existen pero los califica como 'insignificantes e inadecuados', sobre todo, 'en el supuesto de una adquisición por parte de una empresa pública extranjera que haría prevalecer los intereses públicos del país de su nacionalidad'.
Díaz Abad insistió además durante la vista en que 'no existe un mercado interior de la energía' y recordó la situación particular de España como 'isla energética' en una red sin apenas interconexiones.
Bruselas considera estos argumentos como excusas para blindar su sector energético. Y Vidal Puig aseguró que el Gobierno pone 'trabas y numerosísimas condiciones (...) siempre que las empresas interesadas en el mercado español son extranjeras'. Su afirmación contrasta con la presencia en España de empresas como la portuguesa EDP, la italiana Enel o la alemana Eon.
Vidal Puig recordó que España ya intentó frenar al capital extranjero con la llamada Ley Rato, que sometía a autorización previa la inversión de empresas públicas en el mercado liberalizado del gas y la electricidad. El Tribunal de la UE declaró ilegal esa ley el pasado mes de febrero. El juicio sobre la reforma de la CNE quedó ayer visto para sentencia.