Una ley dependiente

El nuevo derecho que significa acogerse a la Ley de Dependencia puede tardar en hacerse efectivo para muchos españoles. El Ministerio de Trabajo quiere dar aún un año de plazo para que se fijen los criterios de calidad a cumplir por los centros y los servicios de atención en todas las comunidades autónomas, así como las exigencias en el empleo de quienes los prestan. Sigue pendiente también el trascendental pacto sobre el copago por los usuarios. El retraso, esperable por otra parte en un sistema complejo que además debe poner de acuerdo a autonomías y Gobierno central, es una mala noticia en varios sentidos. Primero, porque puede perder impulso una de las recetas para combatir el frenazo en la creación de empleo debido a la desaceleración económica -el Ejecutivo calcula en 300.000 los empleos que creará hasta 2015 la atención a los dependientes-. Pero, sobre todo, el retraso no es bueno porque la atención a los dependientes es una necesidad social cada vez más patente. Una vez más se observa cómo para legislar no basta sólo con promulgar las leyes.